El Juzgado Electoral de la Provincia de Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur, rechaz\u00f3 una impugnaci\u00f3n presentada contra el padr\u00f3n de la abogac\u00eda habilitada para votar en la elecci\u00f3n de representantes ante el Consejo de la Magistratura, en el marco del Decreto N.\u00ba 2582\/25 y del Expediente N\u00ba 2063.<\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n cuestionaba la inclusi\u00f3n de magistradas, magistrados y de funcionarias y funcionarios judiciales en el padr\u00f3n, sosteniendo que solo quienes pueden postularse como candidatas o candidatos deber\u00edan poder votar. Aunque el planteo fue formulado fuera del plazo previsto para reclamos al padr\u00f3n provisorio, el Juzgado asumi\u00f3 su tratamiento al considerar que estaban involucradas normas de orden p\u00fablico y actos electorales de breve duraci\u00f3n y relevancia institucional, siguiendo la doctrina del precedente \u201cR\u00edos\u201d de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En su resoluci\u00f3n, el Tribunal destac\u00f3 que la Constituci\u00f3n y la ley provincial diferencian entre las condiciones para ser representante de la abogac\u00eda ante el Consejo (matriculaci\u00f3n, ejercicio profesional y requisitos para integrar el Superior Tribunal de Justicia) y las condiciones para integrar el padr\u00f3n de la abogac\u00eda (t\u00edtulo habilitante y residencia m\u00ednima en la provincia).<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, record\u00f3 que en el sistema republicano \u201cel universo de personas electoras es m\u00e1s amplio que el de personas elegibles y que no existe regla que exija que solo quienes pueden ser candidatas o candidatos est\u00e9n habilitados para votar\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En tal sentido, el Juzgado concluy\u00f3 que la tesis impugnante \u201cpretende convertir requisitos de elegibilidad e incompatibilidades funcionales en causales de exclusi\u00f3n del padr\u00f3n, sin sustento en la Constituci\u00f3n provincial, en la Ley N\u00ba 8 (y su modificatoria N\u00ba 1187) ni en los tratados internacionales de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n hizo hincapi\u00e9 en un precedente del Superior Tribunal de Justicia de 1999, que ya hab\u00eda convalidado la participaci\u00f3n de magistradas, magistrados y funcionariado dentro del colectivo de la abogac\u00eda a estos fines, criterio sostenido desde entonces en la pr\u00e1ctica institucional.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n judicial mantiene la validez del padr\u00f3n de la abogac\u00eda para la pr\u00f3xima elecci\u00f3n de representantes ante el Consejo de la Magistratura y desestima la impugnaci\u00f3n, disponiendo las notificaciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n