El \u00f3rgano consultivo resolvi\u00f3 defender la plena vigencia de la norma sancionada en julio de 2021 que restringi\u00f3 la salmonicultura en aguas lacustres y marinas de jurisdicci\u00f3n provincial. Consider\u00f3 que la nueva normativa propuesta por el Poder Ejecutivo representa un retroceso en materia ambiental, y cuestion\u00f3 que no se haya garantizado una amplia participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n
Con duros cuestionamientos al contenido de la propuesta como al tr\u00e1mite seguido para su evaluaci\u00f3n, el Consejo Provincial de Medio Ambiente se pronunci\u00f3 en contra del proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la derogaci\u00f3n de la ley 1355 y la aprobaci\u00f3n de un marco normativo integral que regula la acuicultura, ya que afirma que plantea \u201cuna modificaci\u00f3n total de la normativa ambiental vigente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el que parece haber sido uno de sus \u00faltimos actos administrativos como Secretaria de Ambiente de la Provincia y presidenta del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Andrea Bianchi elev\u00f3 a la Legislatura, este mi\u00e9rcoles 3, el Dictamen CPMA N\u00b0 002\/2025.<\/p>\n\n\n\n
En el documento, el Consejo se\u00f1ala que, ese corrimiento institucional representa un riesgo de fragmentaci\u00f3n en la gesti\u00f3n, ya que el ambiente debe entenderse como un sistema integral, complejo y \u00fanico. Bajo ese enfoque, sostiene que la gesti\u00f3n ambiental no admite abordajes sectoriales que debiliten controles o desdibujen responsabilidades. En esa l\u00ednea, el dictamen apela a principios del derecho ambiental con jerarqu\u00eda constitucional y legal, como no regresividad, precauci\u00f3n y prevenci\u00f3n, y cita marcos normativos provinciales y nacionales, entre ellos la Constituci\u00f3n fueguina y la Ley General del Ambiente 25.675, como sustento de la obligaci\u00f3n de mantener y fortalecer niveles de tutela ya alcanzados.<\/p>\n\n\n\n
En el considerando del dictamen se pone el foco en dos aspectos centrales de la Ley 1355: su contenido y su origen. Por un lado, recuerda que la norma busca asegurar la protecci\u00f3n, preservaci\u00f3n y resguardo de los recursos naturales, los recursos gen\u00e9ticos y los ecosistemas lacustres y marinos, alineada con los principios rectores de la Ley Provincial 55 (Medio Ambiente), 244 (Pesca) y 1126 (Recursos H\u00eddricos). Por otro lado, subraya que la ley fue resultado de un proceso participativo iniciado en 2018, con intervenci\u00f3n de organizaciones de la sociedad civil, instituciones cient\u00edfico-tecnol\u00f3gicas y acad\u00e9micas, adem\u00e1s de \u00e1reas t\u00e9cnicas del Poder Ejecutivo, en el marco del tratamiento en comisi\u00f3n de la Legislatura. Ese trayecto, sostiene, consolid\u00f3 un consenso mayoritario de la comunidad fueguina que qued\u00f3 plasmado en la sanci\u00f3n de 2021, a la vez que cuestiona que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobaci\u00f3n, la ley a\u00fan no fue reglamentada para su plena implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Indica que la norma en cuesti\u00f3n contempl\u00f3 modalidades de producci\u00f3n artesanal controlada de especies como la trucha arco iris, la trucha marr\u00f3n y la trucha de arroyo, con un tope de 50 toneladas anuales, y que la prohibici\u00f3n se orienta espec\u00edficamente a la acuicultura en ecosistemas lacustres y marinos, quedando la producci\u00f3n en tierra sujeta a las reglas del uso consuntivo del agua establecidas en la ley 1126.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al proyecto gubernamental, indica que del an\u00e1lisis preliminar del mismo surge que su aprobaci\u00f3n podr\u00eda implicar una modificaci\u00f3n sustancial de la normativa vigente ya que otorgar a la Secretar\u00eda de Pesca atribuciones que hoy se encuadran en la legislaci\u00f3n ambiental provincial bajo la \u00f3rbita de la Secretar\u00eda de Ambiente, y que esa fragmentaci\u00f3n \u201cimplica un cambio regresivo, en tanto el ambiente debe ser entendido como un sistema complejo y \u00fanico en el cual su gesti\u00f3n y abordaje no puede ser fragmentada\u201d, que adem\u00e1s colisionar\u00eda con \u201clos principios rectores de la ley General del Ambiente N\u00b025.675 en relaci\u00f3n al desarrollo sostenible de las actividades productivas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El pronunciamiento se completa con un reclamo sobre los procedimientos de discusi\u00f3n p\u00fablica. El Consejo invoca el Acuerdo de Escaz\u00fa, adoptado por Argentina mediante la Ley Nacional 27.566, para remarcar la obligaci\u00f3n de garantizar participaci\u00f3n abierta e inclusiva en decisiones ambientales. Seg\u00fan se plantea en el dictamen, el tratamiento en comisi\u00f3n del proyecto no habr\u00eda asegurado un proceso transparente de debate p\u00fablico, a la altura de una reforma con impacto ambiental.<\/p>\n\n\n\n
El documento lleva la firma de la representante de la Legislatura, de la ONG Manekenk, del CADIC y de la UNTDF.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s del dictamen, el Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) remiti\u00f3 a la Legislatura la postura de la ministra de Producci\u00f3n y Ambiente. En el escrito, la funcionaria afirm\u00f3 que el proyecto del Poder Ejecutivo \u201cno implica un retroceso ambiental\u201d, sino que propone un marco \u201cm\u00e1s moderno, integral y regulado\u201d para ordenar la acuicultura provincial con base cient\u00edfica, tecnol\u00f3gica y de sustentabilidad, incorporando instrumentos que la normativa vigente no contemplaba.<\/p>\n\n\n\n
Entre los objetivos se\u00f1alados figuran el desarrollo sostenible; la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica con sistemas de recirculaci\u00f3n (RAS) para mejorar la eficiencia h\u00eddrica; la diversificaci\u00f3n productiva con especies nativas o naturalizadas; la soberan\u00eda alimentaria; la generaci\u00f3n de empleo y valor agregado local; la seguridad jur\u00eddica e institucional en la distribuci\u00f3n de competencias; el fortalecimiento cient\u00edfico-tecnol\u00f3gico a trav\u00e9s del Centro de Desarrollo Pesquero y Acu\u00edcola; y una fiscalizaci\u00f3n efectiva con recursos para el control ambiental.<\/p>\n\n\n\n
La ministra remarc\u00f3 que, al igual que la Ley 1355, \u201cse conserva expresamente la prohibici\u00f3n del cultivo de salm\u00f3nidos en el Beagle\u201d, y sostuvo que se refuerza la protecci\u00f3n ambiental mediante la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica para definir zonas aptas, adem\u00e1s de exigir Estudio de Impacto Ambiental y Gu\u00eda de Aviso de Proyecto para cada emprendimiento.<\/p>\n\n\n\n
La ministra plantea que el debate sobre la acuicultura no deber\u00eda reducirse a un \u201cs\u00ed\u201d o un \u201cno\u201d, sino centrarse en c\u00f3mo construir alternativas productivas reales para una provincia que necesita crear empleo, sostener a su juventud, avanzar en soberan\u00eda alimentaria y consolidar cadenas de valor en el territorio. Y concluye que Tierra del Fuego requiere pol\u00edticas p\u00fablicas que defiendan sus ecosistemas, pero que tambi\u00e9n pongan en el centro a su gente, afirmando que la propuesta busca ese equilibrio: \u201cno hay producci\u00f3n sin ambiente, ni ambiente protegido sin desarrollo ordenado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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