Tras la obtenci\u00f3n del dictamen para el Presupuesto 2026 en la C\u00e1mara de Senadores, el Poder Ejecutivo Nacional ha definido una nueva estrategia que desiste de la derogaci\u00f3n de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Esta decisi\u00f3n responde a la necesidad de viabilizar la sanci\u00f3n de la Ley de Leyes en el Congreso, manteniendo como eje central la premisa del equilibrio fiscal y el d\u00e9ficit cero. Seg\u00fan fuentes oficiales, la propuesta actual representa un esfuerzo econ\u00f3mico considerable que busca conciliar las demandas sociales con la estabilidad macroecon\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
En lo que respecta a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno mantendr\u00e1 la normativa vigente pero establecer\u00e1 que las pensiones no contributivas representen el setenta por ciento del haber m\u00ednimo jubilatorio, ajust\u00e1ndose seg\u00fan el ordenamiento jur\u00eddico de movilidad previsional. Se ha dispuesto adem\u00e1s que esta pensi\u00f3n sea compatible con el empleo formal, siempre que la remuneraci\u00f3n del beneficiario no exceda los dos salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles. Respecto a la compensaci\u00f3n de emergencia retroactiva, la actualizaci\u00f3n se calcular\u00e1 sobre los aranceles vigentes a diciembre de 2024 y la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor, bajo un mecanismo de ajuste trimestral coordinado entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.<\/p>\n\n\n\n
Complementariamente, el Ejecutivo impulsar\u00e1 una profundizaci\u00f3n en los procedimientos de auditor\u00eda de las pensiones actuales para agilizar la baja de aquellas que presenten irregularidades. En esta misma l\u00ednea, se ha descartado la creaci\u00f3n de la Pensi\u00f3n no Contributiva por Discapacidad para Protecci\u00f3n Social, con el objetivo de evitar una ampliaci\u00f3n desproporcionada de los beneficiarios y preservar el r\u00e9gimen vigente sin los nuevos requisitos que el proyecto original pretend\u00eda incorporar.<\/p>\n\n\n\n
En materia de Educaci\u00f3n Universitaria, la administraci\u00f3n central propone un incremento del veinte por ciento en los gastos de funcionamiento respecto a los cr\u00e9ditos asignados para el ejercicio 2025. Para la actualizaci\u00f3n salarial docente y no docente, se sugiere un esquema escalonado que inicia con un cinco por ciento en diciembre de 2025, seguido de cuatro incrementos del dos por ciento entre enero y abril de 2026. Asimismo, se establece junio de 2026 como el periodo clave para evaluar compensaciones adicionales por inflaci\u00f3n y se ratifica el reconocimiento del aumento previsto en las becas estudiantiles.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el Gobierno nacional ha incluido en las negociaciones presupuestarias las adecuaciones necesarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resoluci\u00f3n, alcanzada tras reuniones entre el Ministerio de Econom\u00eda y la Jefatura de Gobierno porte\u00f1a, se integra al cap\u00edtulo XI del proyecto de ley. Con estas modificaciones, el oficialismo busca flexibilizar la negociaci\u00f3n con los gobernadores y los bloques aliados para garantizar que el Presupuesto 2026 sea aprobado definitivamente durante el mes de diciembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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