El intento de avanzar con una ley para derogar la declaraci\u00f3n de necesidad de reforma constitucional abri\u00f3 una discusi\u00f3n jur\u00eddica profunda sobre los alcances de un proceso que, para especialistas como Manuel Raimbault, ya ha superado la esfera de control de la Legislatura. El abogado y exlegislador sostiene que la reforma no es una norma com\u00fan, sino un procedimiento institucional en curso que, una vez iniciado, adquiere una din\u00e1mica propia e irreversible por v\u00eda legislativa ordinaria.<\/p>\n\n\n\n
La argumentaci\u00f3n de Raimbault se apoya en la distinci\u00f3n entre la actividad legislativa habitual y lo que denomina actividad preconstituyente. Seg\u00fan esta visi\u00f3n, cuando los parlamentarios votan la necesidad de reformar la Carta Magna, no est\u00e1n dictando una ley que pueda ser derogada meses despu\u00e9s bajo una nueva mayor\u00eda o un cambio de opini\u00f3n pol\u00edtica, sino que est\u00e1n ejerciendo una facultad excepcional que dispara un proceso de jerarqu\u00eda superior. Esta naturaleza jur\u00eddica espec\u00edfica hace que el acto no tenga el mismo r\u00e9gimen que una ley de presupuesto o de tr\u00e1nsito, sino que se convierta en un hito institucional que traslada la soberan\u00eda a los convencionales que elegir\u00e1 la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
A este marco te\u00f3rico se suman realidades procesales que act\u00faan como \u00abcandados\u00bb jur\u00eddicos. Raimbault destaca que ya existe una convocatoria electoral activa y, fundamentalmente, una sentencia judicial definitiva que ordena la continuidad del cronograma. En este sentido, advierte que cualquier intento de la Legislatura por frenar el proceso mediante una derogaci\u00f3n implicar\u00eda interferir en una causa pendiente, algo que la propia Constituci\u00f3n proh\u00edbe expl\u00edcitamente al Poder Legislativo. El proceso, asegura, ya no pertenece a los diputados, sino que est\u00e1 bajo la \u00f3rbita del sistema electoral y la justicia.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, el abogado pone el foco en el rol de la ciudadan\u00eda como el \u00fanico \u00e1rbitro capaz de decidir el destino de la reforma. Al elegir a los convencionales constituyentes, el pueblo otorga un mandato que no es necesariamente de cambio; los representantes electos tienen la potestad soberana de sesionar y, si lo consideran prudente, rechazar las modificaciones propuestas y cerrar la convenci\u00f3n sin tocar un solo art\u00edculo. Para Raimbault, lo que resulta jur\u00eddicamente inviable es que la Legislatura pretenda sustituir esa voz popular ahora que los mecanismos ya fueron activados.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, este conflicto t\u00e9cnico es le\u00eddo por el letrado como un s\u00edntoma de una crisis institucional m\u00e1s amplia en Tierra del Fuego. La incertidumbre sobre la realizaci\u00f3n de la reforma y las marchas y contramarchas en las decisiones de Estado reflejan, a su criterio, una fragilidad en el sistema pol\u00edtico local. Raimbault concluye que la incapacidad de manejar con previsibilidad el pacto social m\u00e1s importante de la provincia \u2014su Constituci\u00f3n\u2014 expone una dificultad profunda en la toma de decisiones que afecta la estabilidad y la confianza en las instituciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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