La citaci\u00f3n al Jefe de Gabinete, Jorge Canals, ante la Comisi\u00f3n de Seguridad y Justicia de la Legislatura provincial este jueves no es un simple tr\u00e1mite administrativo ni una cuesti\u00f3n de cortes\u00eda parlamentaria. Se trata, en rigor, de un examen de rendici\u00f3n de cuentas que llega tarde, en medio de una crisis carcelaria que exhibe fallas estructurales y un oscurantismo alarmante dentro del Gobierno provincial.<\/p>\n\n\n\n
El caso de la brutal agresi\u00f3n sufrida el pasado 9 de mayo por Jonathan y Maxi Burgoa, junto a Pedro Jes\u00fas Flores, en la Unidad de Detenci\u00f3n de R\u00edo Grande, ha dejado de ser un episodio de violencia intramuros para transformarse en un esc\u00e1ndalo institucional de proporciones. Las versiones que se\u00f1alan la existencia de una \u00abzona liberada\u00bb y una posible connivencia entre agentes penitenciarios y un sector de la poblaci\u00f3n penal ponen en jaque la capacidad del Ejecutivo para garantizar la integridad f\u00edsica de las personas que se encuentran bajo su custodia estatal.<\/p>\n\n\n\n
Jorge Canals deber\u00e1 explicar ante los legisladores qu\u00e9 medidas pol\u00edticas se han tomado realmente desde el primer minuto. Hasta ahora, el silencio y la opacidad han sido la marca registrada del Gobierno frente a estos hechos. Resulta, por lo menos, cuestionable que ante una situaci\u00f3n de tama\u00f1a gravedad, la respuesta institucional se limite a una citaci\u00f3n reservada en la Legislatura, donde el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica \u2014el derecho de la sociedad a saber qu\u00e9 sucede tras los muros del penal\u2014 quedar\u00e1 restringido por el car\u00e1cter cerrado de la sesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La gravedad del escenario se evidencia en los propios hechos: la causa judicial avanza de oficio, impulsada por el fiscal Mart\u00edn Bramati, porque el miedo que infunden los presuntos agresores \u2014y la sospecha de complicidad jer\u00e1rquica\u2014 es tan profundo que las propias v\u00edctimas no han logrado radicar una denuncia formal. Que tres personas agredidas salvajemente deban ser trasladadas de urgencia a Ushuaia para resguardar su integridad es, en s\u00ed mismo, un reconocimiento t\u00e1cito del Estado sobre su incapacidad para controlar la seguridad dentro de la c\u00e1rcel de R\u00edo Grande.<\/p>\n\n\n\n
La jueza de Instrucci\u00f3n Cecilia Cataldo, quien mantiene el secreto de sumario, tiene en sus manos el desaf\u00edo de desentra\u00f1ar una red de violencia que involucra a 10 internos identificados por c\u00e1maras de seguridad. Pero la responsabilidad pol\u00edtica recae, indudablemente, sobre el Jefe de Gabinete. La pregunta que flota en el ambiente y que Canals deber\u00e1 responder sin evasivas es qu\u00e9 purgas internas se han ejecutado y qu\u00e9 cambios reales se han implementado para desactivar este esquema de poder paralelo dentro de la unidad de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La sociedad fueguina necesita saber si el Ejecutivo es un actor que realmente busca el esclarecimiento o si, por el contrario, la gesti\u00f3n ha optado por el control de da\u00f1os para evitar que la \u00abbomba\u00bb de la crisis carcelaria termine de explotar en sus manos. La citaci\u00f3n de este jueves debe ser el inicio de una verdadera rendici\u00f3n de cuentas. Lo que est\u00e1 en juego no es solo la reputaci\u00f3n de una fuerza de seguridad, sino la vigencia del Estado de Derecho, que hoy, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, parece haber dejado de ejercer soberan\u00eda dentro de los pabellones de la provincia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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