La justicia provincial y diversos organismos de control intensificaron en las \u00faltimas horas una investigaci\u00f3n de alto voltaje institucional tras poner bajo la lupa el estado cr\u00edtico de abandono de dos m\u00e1quinas de gran porte pertenecientes a la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos (DPP). Los equipos, de un alt\u00edsimo valor estrat\u00e9gico y operativo para la principal terminal mar\u00edtima de Ushuaia, se encuentran totalmente fuera de servicio desde antes de que se dispusiera la intervenci\u00f3n nacional del puerto, generando un escenario de extrema preocupaci\u00f3n en el \u00e1mbito estatal y portuario.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las estimaciones preliminares que forman parte de la pesquisa, el valor conjunto de la maquinaria afectada rondar\u00eda los 3 millones de d\u00f3lares. El hecho de que se trate de activos de semejante porte y utilidad ha encendido todas las alarmas, no solo por el perjuicio patrimonial descomunal que representa para las arcas del Estado fueguino, sino tambi\u00e9n por el impacto directo y negativo que genera en la operatoria log\u00edstica diaria de la terminal mar\u00edtima. Al no contar con estos equipos operativos, el puerto se ve obligado a redise\u00f1ar esquemas y a buscar costosas alternativas operativas para poder llevar adelante tareas de gran porte que dependen exclusivamente de dicha tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Ante este panorama, la investigaci\u00f3n judicial y administrativa busca reconstruir de manera minuciosa la cronolog\u00eda exacta de los hechos. Entre los interrogantes centrales que los peritos e investigadores intentan responder se encuentran el momento preciso en el que las m\u00e1quinas se detuvieron, el nivel real de mantenimiento preventivo y correctivo que recibieron a lo largo del tiempo, las reparaciones que supuestamente se intentaron realizar y, un punto clave, el destino final que sufrieron los fondos p\u00fablicos que oportunamente habr\u00edan sido asignados a tales fines.<\/p>\n\n\n\n
El foco principal de las indagaciones apunta de lleno a la gesti\u00f3n anterior al proceso de intervenci\u00f3n, se\u00f1alando directamente el per\u00edodo en el que la presidencia de la DPP era conducida por Roberto Murcia, secundado por Gast\u00f3n Castillo al frente de la Direcci\u00f3n Administrativa Contable. No obstante, desde los tribunales y el \u00e1mbito legal se aclar\u00f3 con prudencia que haber ocupado dichos cargos jer\u00e1rquicos no implica una responsabilidad autom\u00e1tica ni directa sobre el da\u00f1o, raz\u00f3n por la cual se dispuso una auditor\u00eda exhaustiva y transversal sobre expedientes de mantenimiento, \u00f3rdenes de reparaci\u00f3n pendientes, expedientes de compra de repuestos, contrataciones de servicios a terceros y los registros patrimoniales hist\u00f3ricos de la repartici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La causa se instruye bajo la rigurosa lupa de la Ley Provincial 1015, normativa fundamental que regula los deberes y obligaciones de los funcionarios p\u00fablicos en la correcta administraci\u00f3n y conservaci\u00f3n de los bienes del Estado, contemplando severas sanciones patrimoniales y penales ante perjuicios comprobados. Con este marco normativo, la pesquisa intentar\u00e1 dilucidar si el deterioro y la posterior inhabilitaci\u00f3n de los equipos respondieron a fallas mec\u00e1nicas de una complejidad t\u00e9cnica insalvable, a graves deficiencias de gesti\u00f3n administrativa, a la total ausencia de un plan de mantenimiento preventivo o, por el contrario, a una cadena deliberada de omisiones y negligencias dif\u00edciles de justificar institucionalmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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