El diputado Fueguino destac\u00f3 las modificaciones incorporadas al dictamen final y sostuvo que la protecci\u00f3n de las personas con discapacidad debe estar por encima de cualquier ajuste presupuestario.<\/p>\n\n\n\n
El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge \u201cKoky\u201d Araujo, destac\u00f3 los avances incorporados al dictamen final del proyecto de Emergencia en Discapacidad, al considerar que las modificaciones representan un paso fundamental para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, brindar
mayor seguridad a sus familias y dar previsibilidad a los prestadores que sostienen la atenci\u00f3n y el acompa\u00f1amiento cotidiano. <\/p>\n\n\n\n
\u201cDetr\u00e1s de cada pensi\u00f3n, de cada tratamiento y de cada prestaci\u00f3n hay una persona, una familia y una realidad que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de proteger. No estamos discutiendo solamente partidas presupuestarias: estamos hablando de derechos, de dignidad y de igualdad de oportunidades\u201d, sostuvo Araujo.<\/p>\n\n\n\n
Entre los cambios m\u00e1s relevantes, el legislador puso de relieve que los requisitos para acceder a las pensiones quedan establecidos por ley, con el Certificado \u00danico de Discapacidad como requisito legal, limitando la posibilidad de que nuevas exigencias reglamentarias restrinjan arbitrariamente el acceso a este derecho. Asimismo, destac\u00f3 la compatibilidad entre la pensi\u00f3n y el trabajo formal o el monotributo, dentro de los l\u00edmites establecidos en el texto. La modificaci\u00f3n constituye una se\u00f1al concreta en favor de la inclusi\u00f3n laboral: \u201ctrabajar no debe convertirse en una condena a perder definitivamente
una prestaci\u00f3n esencial para la autonom\u00eda personal\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Otro avance sustantivo es la garant\u00eda de cobertura de las prestaciones b\u00e1sicas previstas por la Ley 24.901 tanto para quienes perciben pensiones por discapacidad como para los titulares de pensiones por invalidez laboral. Se trata de una protecci\u00f3n fundamental para evitar que la situaci\u00f3n administrativa de una persona se traduzca en una barrera para acceder a la atenci\u00f3n que necesita.<\/p>\n\n\n\n
El dictamen tambi\u00e9n fortalece las garant\u00edas frente a las auditor\u00edas, al establecer que no podr\u00e1 disponerse una suspensi\u00f3n preventiva de la pensi\u00f3n antes de que venza el plazo para presentar el descargo correspondiente. De esta manera, se refuerza el derecho de defensa y se evita que una decisi\u00f3n administrativa prive anticipadamente a una persona de un ingreso indispensable.<\/p>\n\n\n\n
En materia de financiamiento, Araujo valor\u00f3 la identificaci\u00f3n de partidas presupuestarias concretas, la responsabilidad del Tesoro nacional de cubrir los recursos adicionales necesarios y la obligaci\u00f3n de preservar el ingreso por beneficiario en t\u00e9rminos reales. A ello se suma la ratificaci\u00f3n de la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica de los aranceles y el establecimiento de plazos para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUna pol\u00edtica de discapacidad no puede sostenerse con anuncios, promesas ni respuestas discrecionales. Necesitamos derechos reconocidos, recursos suficientes y obligaciones que el Estado deba cumplir. Tambi\u00e9n necesitamos prestadores que puedan trabajar con previsibilidad, porque cuando el sistema se desfinancia, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas con discapacidad y sus familias\u201d, afirm\u00f3 el diputado.<\/p>\n\n\n\n
Araujo advirti\u00f3, adem\u00e1s, sobre la importancia de preservar el marco legal espec\u00edfico de la emergencia en discapacidad frente a las disposiciones que el Poder Ejecutivo hab\u00eda propuesto incorporar al Cap\u00edtulo VI del Presupuesto 2027, orientadas a derogar la Ley 27.793 y modificar aspectos centrales del sistema de pensiones, la cobertura de salud, la compatibilidad laboral y la actualizaci\u00f3n de aranceles. El texto final del dictamen adopta una orientaci\u00f3n diferente en esos puntos: preserva la continuidad de la ley, mantiene la
conversi\u00f3n de oficio de las pensiones, consolida garant\u00edas de acceso y establece mayores resguardos para los beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n
\u201cConsideramos que el Estado no puede retroceder en derechos que protegen a los sectores que m\u00e1s acompa\u00f1amiento necesitan. La discapacidad no puede ser tratada como una variable de ajuste ni sus pol\u00edticas quedar sujetas a decisiones cambiantes. La responsabilidad p\u00fablica exige continuidad, financiamiento y respeto por la dignidad humana\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el diputado destac\u00f3 que las modificaciones recogen reclamos sostenidos por organizaciones representativas del colectivo de la discapacidad, prestadores y espacios institucionales, demostrando la importancia de escuchar a quienes conocen de primera mano las dificultades del sistema.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDefender a las personas con discapacidad es defender su derecho a vivir con dignidad, recibir atenci\u00f3n, acceder al trabajo y desarrollar un proyecto de vida con autonom\u00eda. Nuestra responsabilidad es construir un Estado presente, que acompa\u00f1e, garantice derechos y no abandone a nadie. Ese es el compromiso que debemos sostener. Esperamos que el Gobierno cumpla con la ley y respete los derechos que esta consagra, en lugar de repetir lo que est\u00e1 haciendo con la Ley de Financiamiento Universitario. Porque un Gobierno que incumple las leyes no solo vulnera derechos, sino que tambi\u00e9n da un p\u00e9simo ejemplo a la sociedad, a la que le exige cumplir con sus obligaciones. La ley debe ser igual para todos, empezando por quienes tienen la responsabilidad de gobernar\u201d, concluy\u00f3 Araujo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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