El Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00b01 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Sergio Pepe, dict\u00f3 una sentencia donde cerr\u00f3 definitivamente la investigaci\u00f3n sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la Casa de Gobierno por el dictado del Decreto Provincial que estableci\u00f3 la fecha para las elecciones constituyentes provinciales para el pasado 10 de noviembre. Tras la extensa instrucci\u00f3n, que incluy\u00f3 pericias inform\u00e1ticas forenses, an\u00e1lisis de documentaci\u00f3n, y la toma de declaraciones testimoniales de m\u00faltiples testigos, el juez determin\u00f3 la falta de pruebas suficientes para sustentar la acusaci\u00f3n de delitos penales contra los funcionarios p\u00fablicos investigados.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en dos aspectos principales. El primero, la supuesta manipulaci\u00f3n de la fecha de un decreto provincial, fue descartado por el juez debido a la insuficiencia de evidencia que demostrase la intenci\u00f3n fraudulenta por parte de los funcionarios implicados. Tal como consta en la sentencia, el peritaje inform\u00e1tico dispuesto por el Tribunal determin\u00f3 que los actos que formaron parte del llamado a las elecciones para reformar la constituci\u00f3n se realizaron dentro del marco de legalidad, descartando cualquier intenci\u00f3n de enga\u00f1ar o falsear la fecha del dictado del Decreto de convocatoria.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado enfatiz\u00f3 la inexistencia de las presuntas irregularidades formuladas en la denuncia y descart\u00f3 la intenci\u00f3n de cometer delito alguno en el proceso eleccionario, al descartar la hip\u00f3tesis de la presunta falsificaci\u00f3n documental. En base a los peritajes y testimonios recabados, detall\u00f3 que la evidencia no logr\u00f3 demostrar la presencia de irregularidades en el procedimiento, descartando as\u00ed la posibilidad de una acusaci\u00f3n penal por falsificaci\u00f3n ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
En segundo lugar, la investigaci\u00f3n analiz\u00f3 la supuesta comisi\u00f3n de abuso de autoridad por parte de ciertos funcionarios que, tras la aprobaci\u00f3n de una ley que cre\u00f3 nuevos cargos p\u00fablicos, los asumieron. El juez, en su an\u00e1lisis, determin\u00f3 que aunque pudieran existir posibles irregularidades administrativas en el proceso de designaci\u00f3n de esos cargos, las pruebas presentadas fueron insuficientes para configurar un delito de abuso de autoridad. Para que se configure este delito, seg\u00fan el fallo, se requiere la demostraci\u00f3n de una acci\u00f3n deliberada por parte del funcionario, con la intenci\u00f3n de violar la ley o de usar su autoridad de manera arbitraria e ilegal, ocasionando un perjuicio claro y concreto. En este caso, la evidencia recolectada no demostr\u00f3 la existencia de tal intenci\u00f3n, ni la efectiva ocurrencia de un perjuicio que justificara la imputaci\u00f3n de un delito.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n del juez Pepe, que fue notificada al Superior Tribunal de Justicia, pone punto final a una de las causas m\u00e1s resonantes del 2024, ya que oportunamente se hab\u00eda allanado la Casa de Gobierno con la intervenci\u00f3n de la Gendarmer\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Contrariamente a las versiones que se intentaron instalar medi\u00e1ticamente por entonces, el fallo resalta la importancia de la contundencia de las pruebas y de la correcta aplicaci\u00f3n del derecho penal, descartando las presuntas irregularidades administrativas denunciadas. La denuncia hab\u00eda sido radicada por el abogado riograndense Paulino Rossi.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el archivo de la causa, por inexistencia de delito, confirma la necesidad de una s\u00f3lida fundamentaci\u00f3n probatoria para sustentar acusaciones de car\u00e1cter penal, protegiendo la presunci\u00f3n de inocencia y evitando el uso indiscriminado del derecho penal en casos donde las pruebas no respaldan la imputaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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