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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lanzó una dura advertencia tras la reciente aprobación de la denominada «Ley de Goteo» por parte de la Legislatura provincial. El mandatario calificó la normativa —que establece la transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios— como una herramienta “destituyente” y alertó sobre las graves consecuencias financieras que su aplicación tendría para la administración central.
En declaraciones a la prensa, Melella trazó un paralelismo histórico con la crisis institucional que derivó en la destitución del exgobernador Jorge Colazo. “Recordemos la destitución de Colazo: para destituirlo se pone en marcha la ley de goteo, y cuando lo destituyen y asume Hugo Cóccaro, dan de baja la ley”, recordó, sugiriendo que el objetivo real de la norma es condicionar políticamente al Poder Ejecutivo actual.
Uno de los puntos más críticos del discurso del Gobernador fue el impacto directo en las arcas provinciales. Melella aseguró que la detracción automática de fondos diarios dejará al Gobierno provincial con un margen de maniobra mínimo para cumplir con sus obligaciones básicas. “Lo que va a llevar mínimamente es a que no puedas pagar salarios”, alertó de forma tajante.
En este sentido, el mandatario expresó su desconcierto ante el respaldo que la iniciativa recibió por parte de algunos sectores sindicales del ámbito estatal. “No entiendo cómo hay secretarios generales de gremios que van a aplaudir la ley de goteo”, manifestó, apuntando directamente contra la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Melella cuestionó la solidaridad interna de los sindicatos que representan tanto a trabajadores municipales como provinciales. Al respecto, señaló una contradicción en el apoyo a la norma por parte de ATE: “La aplauden, pero eso significa que quieren que sus compañeros municipales cobren mientras que sus compañeros de la provincia no puedan cobrar”.
Para el Ejecutivo, la sanción de esta ley no responde a una necesidad de ordenamiento administrativo, sino que representa un intento de asfixia financiera que pone en riesgo la estabilidad institucional y la paz social de la provincia. En las próximas horas se espera que el Gobierno defina si avanzará con el veto total o parcial de la norma para frenar su implementación.