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En una resolución que profundiza la tensión institucional en la provincia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego rechazó formalmente la propuesta para que María Elena Guerrero asuma la titularidad del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur. El máximo tribunal fundamentó su decisión en que la postulante no reúne la especialización técnica ni el perfil específico indispensable para desempeñarse en un fuero de alta sensibilidad social.
La resolución fue adoptada por mayoría con los votos de los magistrados Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik. Según trascendió de los fundamentos, el tribunal concluyó que Guerrero no logró acreditar los antecedentes académicos ni la trayectoria profesional necesaria en materia de niñez, adolescencia y familia. Para los magistrados, la idoneidad técnica en este fuero no es un requisito accesorio, sino una condición sustancial para garantizar el correcto ejercicio de la magistratura en causas que involucran violencia familiar y derechos de sectores vulnerables.
El rechazo ha generado un fuerte impacto en el arco político debido a la estrecha vinculación de Guerrero con el núcleo duro del gobernador Gustavo Melella. La postulante es esposa de Oscar Bahamonde, actual titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), quien es considerado uno de los hombres de mayor confianza del mandatario y pieza clave en la ingeniería financiera del Ejecutivo provincial.
En los pasillos de Tribunales y en ámbitos legislativos, la decisión del STJ fue interpretada como un freno institucional ante lo que diversos sectores describen como un intento de «colonización» del Poder Judicial por parte de miembros de FORJA. La resolución marca un límite claro a las designaciones basadas en cercanía política por sobre el rigor técnico-jurídico.
Este revés judicial para el oficialismo se produce en medio de un clima de creciente hostilidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El caso de Guerrero se convierte así en un emblema del debate sobre la independencia institucional en Tierra del Fuego y los criterios de selección de los magistrados.
Con esta decisión, el Superior Tribunal no solo frena un nombramiento cuestionado, sino que reafirma la autonomía del Poder Judicial al priorizar la protección de un fuero delicado —donde se abordan problemáticas de extrema vulnerabilidad— por sobre las presiones y los acuerdos políticos. El cargo en el Juzgado de Familia N° 1 del Distrito Sur continuará vacante hasta tanto se avance con un perfil que cumpla con las exigencias técnicas y éticas que el tribunal consideró ausentes en esta oportunidad.