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En una sesión parlamentaria que dejó expuesta la profunda fractura entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura de Tierra del Fuego insistió en la norma que abroga el llamado a reforma constitucional. La decisión parlamentaria deja sin efecto el intento del Poder Ejecutivo de avanzar con la modificación de la Carta Magna, priorizando la atención de la situación social y económica que atraviesa la provincia.
La jornada estuvo marcada por un debate donde, si bien las interpretaciones jurídicas sobre la Ley 1529 fueron el punto de partida, el centro de gravedad se desplazó rápidamente hacia el diagnóstico político sobre la realidad fueguina.
El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos), quien solicitó la palabra al inicio, enfatizó la urgencia de resolver la cuestión: “En la sesión pasada se manifestaron la mayoría de las fuerzas que componen esta casa, en rechazo a la Ley 1529. Por eso, pido la insistencia a la abrogación de la ley”.
Por el oficialismo, Federico Greve argumentó desde una perspectiva técnica que la Ley 1529 había agotado su objeto tras la sanción y el posterior decreto de convocatoria a elecciones. Según el legislador, al cumplirse los plazos, la Legislatura ya no contaba con competencias para intervenir. Asimismo, rechazó las críticas sobre el «capricho» de la reforma, sosteniendo que la ley original fue producto de consensos políticos y lamentó que, en la actualidad, otros asuntos fundamentales para la gestión sean archivados sin debate parlamentario.
En contrapartida, los bloques opositores centraron sus críticas en la oportunidad política de la iniciativa. Pablo Villegas (MPF) sostuvo que el Ejecutivo avanzó «sin debate previo ni acuerdos» y calificó la insistencia de la reforma como un «proyecto personal de construcción de poder» por encima de la voluntad popular, criticando además el gasto económico que implicaría un proceso electoral en tiempos de crisis.
Victoria Vuoto (PJ), por su parte, propuso dejar atrás la discusión jurídica para centrarse en los consensos que la ciudadanía reclama. «La gente demanda respuestas para poner en pie a la salud y la educación. No podemos pretender que, mediante imposición, vetos o judicialización, se construyan consensos», aseveró.
En la misma sintonía, Juan Carlos Pino (PJ) remarcó que «la agenda de la gente está en otro lado», señalando la angustia de las familias fueguinas que no llegan a fin de mes. Enfatizó que el Partido Justicialista se mantiene abierto al debate, pero considera que el momento actual es inoportuno para una elección de esta naturaleza.
Desde La Libertad Avanza, Natalia Graciania puso el foco en el impacto presupuestario. Argumentó que una convención constituyente demandaría recursos económicos y logísticos significativos que hoy son necesarios en áreas prioritarias. «Hablar de reforma implica costos directos, pero también indirectos: tiempos políticos y recursos desplazados de las urgencias de los fueguinos», enfatizó.
Finalmente, el legislador Damián Löffler (MPF) cerró la ronda de discursos respaldando la postura de la legisladora Laura Colazo, quien en sesiones previas había justificado su cambio de posición fundamentado en la compleja situación financiera, social y económica de la provincia. Löffler destacó la «transparencia y franqueza» de ese diagnóstico, con el cual el bloque opositor coincidió en su totalidad.
Con la ratificación de la abrogación, el proceso de reforma constitucional ha quedado formalmente frenado en el ámbito legislativo, marcando un hito en la relación entre el Gobierno y la Legislatura y planteando un desafío hacia el futuro: la construcción de un diálogo político que logre alinear las prioridades del Estado con las necesidades inmediatas de la sociedad fueguina.