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La vicepresidenta de la entidad y referente del sector en Ushuaia, Claudia Fernández, alertó que las ventas minoristas acumulan 20 meses de baja. La falta de liquidez y los embargos de la ARCA ponen en riesgo la operatividad de los comercios en toda la Patagonia.
El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atraviesa un escenario de extrema complejidad en todo el país, con un impacto profundamente marcado en la región patagónica. Claudia Fernández, vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, confirmó que el sector atraviesa una racha negativa histórica: las ventas minoristas acumulan ya 20 meses consecutivos de contracción.
Según los datos de CAME, mayo cerró con una baja interanual del 1,2%, llevando la retracción acumulada en los primeros cinco meses del año al 3,1%. “Los hogares están concentrando sus gastos en productos de primera necesidad; los rubros vinculados a bienes no esenciales son los que más sufren la caída”, explicó Fernández, detallando que las estrategias comerciales de financiamiento y promociones ya no alcanzan para revertir una tendencia que se volvió estructural.
Más allá de la crisis de consumo, la urgencia del sector radica en la asfixia financiera generada por la presión fiscal. Fernández denunció que la situación de los comercios es crítica debido a la gran cantidad de cuentas embargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“No es que las empresas no quieran pagar, sino que ante la falta de liquidez priorizan salarios y gastos esenciales. Cuando una cuenta queda embargada, directamente no se puede trabajar”, advirtió la dirigente.
Ante este panorama, desde CAME solicitaron formalmente al Ejecutivo nacional la suspensión de las ejecuciones fiscales y embargos por un plazo de entre cuatro y cinco meses, además de una moratoria amplia que incluya las deudas en instancia judicial. “La única forma de normalizar la situación es generar herramientas que permitan a las pymes ponerse al día sin asfixiarlas”, sentenció.
Al evaluar la situación patagónica, Fernández señaló que Santa Cruz vive un escenario alarmante producto de la crisis petrolera —lo que derivó en la declaración de la emergencia pyme—, una realidad a la que Tierra del Fuego no es ajena, con un goteo constante de cierres de comercios.
En el plano político y económico, la referente local defendió la implementación del RIGI al considerarlo compatible con la defensa de la ley de promoción industrial fueguina, argumentando que puede atraer capitales y motorizar el empleo.
Finalmente, como respuesta proactiva ante los altos costos operativos, Fernández anunció el lanzamiento de un programa gratuito de capacitación en eficiencia energética para el próximo 29 de julio. La iniciativa, coordinada junto a la Fundación Bariloche y la Unión Europea, buscará dotar a 14 empresas provinciales de herramientas para optimizar recursos, tomando como referencia casos donde se lograron reducciones de hasta un 68% en el consumo energético.
“Es una herramienta concreta para ayudar a las empresas a reducir costos y mejorar su competitividad en un contexto económico muy complejo”, concluyó.