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La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, advirtió que el Gobierno provincial utiliza fondos coparticipables pertenecientes a los vecinos riograndenses para cubrir obligaciones propias, registrando demoras que superan los 45 días.
En el marco de una reunión de más de tres horas entre el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego y representantes de los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, el Ejecutivo provincial no presentó ningún cronograma ni propuesta concreta para cancelar la deuda que supera los $17.294 millones con la administración riograndense.
El encuentro contó con la participación de la secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto —en representación del intendente Martín Perez— junto al equipo económico y legal municipal. Tras la reunión mantenida con el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, Capotorto manifestó la profunda preocupación del Municipio ante la falta de certezas sobre la regularización de las transferencias de fondos.
Durante la jornada, el Gobierno provincial reconoció las transferencias pendientes y supeditó una eventual reducción del pasivo a la gestión hipotética de fondos extraordinarios ante la Nación, sin precisar montos ni fechas probables de cancelación.
Al respecto, la secretaria de Finanzas cuestionó la administración del Ejecutivo provincial sobre las partidas coparticipables que ingresaron a las arcas provinciales y que se encuentran verificadas mediante informes de la Secretaría de Hacienda nacional y de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal:
«La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde. Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones», aseveró Capotorto.
Asimismo, la funcionaria detalló que los atrasos en las remisiones superan los 45 días. Como muestra de ello, remarcó que a través de un decreto notificado recientemente, la propia Provincia reconoció haber completado recién el 19 de octubre los envíos correspondientes al mes de julio.
Desde el Municipio de Río Grande remarcaron que el retardo en la acreditación de estos fondos no representa una simple discrepancia contable, sino que condiciona de manera directa la capacidad operativa de la ciudad para cumplir con sus obligaciones y sostener la prestación regular de los servicios públicos destinados a los vecinos.