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El Tribunal de Cuentas de la Provincia dispuso a mediados del pasado mes de octubre la aplicación de un aumento salarial del 5%, con efecto retroactivo al 1 de septiembre, buscando proteger el poder adquisitivo de sus trabajadores.
La Resolución Plenaria 174/25, difundida a fines de la semana pasada, explica que el Cuerpo Plenario de Miembros, en su constante interés de “procurar, conforme las posibilidades, de proteger los haberes de los trabajadores del Organismo”, ha resuelto establecer medidas que mantengan la capacidad de compra de las remuneraciones. El incremento del 5% para septiembre de 2025 se concretó luego de “conversaciones mantenidas con el Poder Ejecutivo”.
Este incremento se suma a otros reajustes ya aplicados durante el año por el TCP: un 4,5% en febrero, un 5,5% en abril, y un 2,5% en mayo.
Tras este último ajuste, el salario básico bruto de escala de la categoría más baja (cadete), sin contar adicionales (como título, antigüedad o responsabilidad), se fijó en 628.400,04 pesos. El básico de la categoría A3 del Cuerpo de Auditores alcanzó 1.000.243,06 pesos, y el de la categoría más alta (secretario) se ubicó en 1.667.100,87 pesos. Las únicas retribuciones superiores son las de los vocales del Tribunal, que, aunque no se publican, se estiman en alrededor de 13,6 millones de pesos, según información sobre la actualización de haberes jubilatorios.
Un aspecto central de esta medida es que, a diferencia de lo ocurrido hasta agosto, este aumento salarial del 5% tendrá un impacto directo en los niveles remunerativos de las autoridades políticas y el personal de gabinete del Poder Ejecutivo Provincial.
Esto se debe a que, a principios de septiembre, el Gobernador emitió el decreto 2125/25, dejando sin efecto la suspensión que impedía el traslado de los aumentos dispuestos en el TCP a las remuneraciones de los funcionarios políticos y personal de gabinete.
Esta decisión restablece, en la práctica, el sistema de “enganche salarial” establecido en la Ley de Presupuesto Provincial 2021 (artículos 35 y 36). Dicho sistema vincula los sueldos del Tribunal de Cuentas con los del Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la Administración Pública, y, a partir de allí, con los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
La ley en cuestión equipara el básico del EPU con el del Cuerpo de Auditores, y determina que la remuneración del Gobernador es equivalente a seis veces el salario básico de la categoría E del EPU, que se corresponde con el nivel A3 del cuerpo de auditores del organismo de control.
En función de esta ley, la Vicegobernadora percibe el 95% del sueldo del Gobernador, los Legisladores el 90%, y las autoridades de Cámara el 85%. Por decreto, se suma que Ministros y Secretarios de Estado cobran el 80% del salario del Gobernador, mientras que otros funcionarios de gabinete perciben entre el 32% y el 78%, y el personal de gabinete entre el 8% y el 32%.
Con la reactivación del sistema de enganche, la remuneración bruta de ley del titular del Ejecutivo provincial se fijó en 6.001.458,36 pesos, cifra que funciona como base para la escala salarial de toda la estructura política del Gobierno.