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La Prefectura Naval Argentina (PNA) ha procedido a la revocación de la certificación de seguridad portuaria del Puerto de Ushuaia, una decisión formalmente notificada al presidente del ente portuario, Roberto Murcia. Esta acción se origina tras una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, la cual evidenció una serie de desvíos administrativos y graves falencias en materia de seguridad. Dicha certificación es un requisito indispensable para la operatoria comercial, turística y logística, especialmente en el circuito de cruceros y buques de gran porte, ya que acredita el cumplimiento de los estándares internacionales de protección portuaria.
Entre las observaciones cruciales se destacan las deficiencias en los protocolos de seguridad, las fallas en los sistemas de control de accesos y las debilidades administrativas que comprometen la protección integral de la instalación. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la conducción del puerto no brindó respuesta en tiempo y forma a las observaciones de la agencia nacional.
En un contraste de prioridades, se avanzó con el pase a planta permanente de aproximadamente catorce personas desde la fecha de la auditoría hasta el momento de la notificación, una decisión que disuena con la ausencia de respuestas técnicas y administrativas a los organismos nacionales.
Esta medida de la PNA se interpreta como el paso inicial hacia una posible intervención administrativa del puerto, sin descartar una instancia operativa si las falencias persisten o se agravan. Si bien la operación no se paraliza inmediatamente, la decisión impacta directamente en el prestigio internacional del Puerto de Ushuaia.
El deterioro de la imagen del puerto genera un riesgo concreto de que embarcaciones y operadores internacionales opten por derivar sus operaciones a puertos competitivos, como Punta Arenas, afectando la actividad local y el posicionamiento estratégico de Ushuaia como nodo marítimo del Atlántico Sur y puerta de entrada a la Antártida. La retirada de la certificación, por lo tanto, expone una cadena de decisiones políticas y administrativas con consecuencias que trascienden lo institucional e impactan sobre la economía regional y el sistema portuario fueguino.