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En un escenario de creciente tensión fiscal, el reciente balance sobre la distribución de fondos discrecionales por parte del Gobierno nacional ha vuelto a situar a Tierra del Fuego en una posición de extrema vulnerabilidad. Al cierre de diciembre de 2025, el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) puso en evidencia una brecha insalvable entre las provincias alineadas con la Casa Rosada y aquellas que, como Tierra del Fuego, han quedado marginadas de cualquier asistencia financiera. Mientras el Ejecutivo nacional distribuyó un total de $199.500 millones a lo largo del año, la provincia no ha recibido un solo peso desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, una situación que reaviva con fuerza las críticas hacia la estrategia política del gobernador Gustavo Melella y su capacidad para defender los intereses fueguinos en el actual contexto nacional.
La disparidad en la asignación de recursos se profundizó drásticamente en las últimas dos semanas, cuando el Gobierno central aceleró los giros de fondos, concentrando $66.500 millones en apenas seis distritos que mantienen un vínculo estrecho con el poder central. Provincias como Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta no solo resultaron beneficiadas con estos aportes clave, sino que sus representantes legislativos mostraron una clara sintonía política al acompañar el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026. Este contraste evidencia que, en el actual esquema político, el acceso a recursos vitales parece estar condicionado por la cercanía institucional, dejando a Tierra del Fuego al margen de un reparto esencial en un momento de fragilidad económica y fuerte dependencia de las transferencias nacionales.
La falta de gestión política efectiva por parte del gobernador Melella aparece como el factor determinante en este aislamiento. Diversos sectores cuestionan que la conducción provincial haya priorizado un posicionamiento ideológico y partidario de confrontación por sobre la responsabilidad institucional de generar canales de diálogo y consenso. Esta postura, lejos de arrojar resultados concretos para la población, ha profundizado la incomunicación con el Ejecutivo nacional, imposibilitando la defensa de los recursos necesarios para sostener la actividad económica regional y los servicios públicos en un contexto de fuerte ajuste. Para sus detractores, la estrategia del Ejecutivo fueguino ha terminado sacrificando la solvencia fiscal de la provincia en pos de una identidad política confrontativa que no logra traducir su discurso en soluciones para los fueguinos.
A este complejo panorama se suma el rol de la senadora nacional Cristina López, cuyo estilo de oposición frontal en la Cámara Alta ha sido objeto de severas críticas. López, quien contó con el respaldo político directo de Melella en los últimos comicios, encarna una lógica de intervención que es percibida por amplios sectores de la sociedad fueguina como agresiva y poco constructiva. Lejos de tender puentes o generar instancias de negociación legislativa, esta actitud refuerza la imagen de una provincia aislada y sin capacidad de incidencia en las decisiones centrales del país. En lugar de aportar soluciones en un escenario de delicada situación económica, esta forma de hacer política parece retroalimentar una lógica de confrontación permanente que debilita aún más la posición de Tierra del Fuego en el mapa nacional.
En definitiva, la exclusión de Tierra del Fuego en el reparto de los ATN trasciende lo meramente contable para instalarse en el plano de la gestión política. Con una economía regional golpeada y necesidades sociales urgentes, la pregunta que gana terreno en la opinión pública es si el costo de este aislamiento institucional debe ser pagado por toda la provincia o si es el resultado de una conducción que ha fallado en su mandato de priorizar los intereses locales. El actual posicionamiento deja a la provincia sin capacidad de respuesta ante un escenario nacional adverso, instalando la incertidumbre sobre cómo se afrontarán los desafíos financieros del próximo año sin una rectificación en la estrategia de diálogo con el Gobierno central.