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El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó la anulación total del proyecto de ley sancionado por la Legislatura el pasado 22 de diciembre, el cual pretendía modificar el esquema de coparticipación de regalías hidrocarburíferas para incrementar la cuota destinada a los municipios del 20% al 28%. A través del Decreto 042/26, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó su postura de rechazo a una iniciativa que solo contó con la negativa de los tres legisladores oficialistas y del bloque Sumemos Tolhuin, calificando la propuesta como un acto de «irresponsabilidad fiscal» que compromete la estructura económica de la provincia.
Los fundamentos del veto subrayan que la modificación legislativa se realizó de manera apresurada, sin el respaldo de informes técnicos que evaluaran el impacto económico, ambiental o el estado de las reservas hidrocarburíferas. El Ejecutivo advirtió que sancionar una ley de este calibre bajo la modalidad «sobre tablas» expone a la administración central a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva y altera la planificación financiera de mediano y largo plazo. Según se detalla en la norma, esta reducción de recursos provinciales afectaría de forma directa el sostenimiento de servicios públicos críticos y de competencia exclusiva del Estado fueguino, tales como la salud pública, el sistema educativo, la seguridad y la justicia.
Desde la cartera económica se hizo especial hincapié en que una parte sustancial de los ingresos por regalías ya se encuentra afectada por ley al cumplimiento de obligaciones financieras externas. Específicamente, estos fondos garantizan el pago de la deuda contraída en 2017 y recientemente reestructurada, por lo que una merma en el goteo de regalías pondría en duda la capacidad de pago de la provincia y su reputación ante los acreedores. El Ministerio de Economía argumentó que el régimen de coparticipación fue concebido para equilibrar las cuentas mientras se sostienen las funciones estatales básicas, y que este cambio desdibuja dicho equilibrio.
Un punto de conflicto central en el debate legislativo fue la relación de este incremento con el Acuerdo de Prórroga de concesiones a favor de la empresa estatal Terra Ignis (Ley N° 1605). Mientras los legisladores vinculaban el aumento de la coparticipación a un presunto beneficio fiscal otorgado a la petrolera provincial en las áreas de Lago Fuego, Los Chorrillos y otras secciones, el Ejecutivo desmintió categóricamente esta premisa, asegurando que se mantiene el esquema de regalías originalmente pactado con YPF S.A. En sintonía con esto, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) calificó la ley de «absurda», señalando que la diferencia entre la supuesta pérdida para los municipios (1,3 millones de dólares) y la suba pretendida (14,7 millones de dólares) resulta totalmente desproporcionada.
Finalmente, el decreto de veto invoca preceptos constitucionales nacionales y provinciales, recordando que la coparticipación debe basarse en criterios de solidaridad y equidad, guardando relación con las competencias de cada jurisdicción. El Gobierno sostuvo que aumentar la renta municipal sin que estas asuman nuevas responsabilidades o servicios públicos constituye un beneficio inequitativo que atenta contra el bienestar general de la población. Con la devolución del proyecto a la Legislatura, se cierra este capítulo administrativo bajo el mandato de preservar el patrimonio provincial frente a lo que el Ejecutivo considera una amenaza a la sostenibilidad de las finanzas públicas.