admin 
El conflicto en torno al Puerto de Ushuaia sumó la voz de uno de los principales referentes del sector privado, Ángel Brisighelli, quien preside la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. El empresario manifestó su profundo malestar por las protestas del gremio ATE en los accesos a la terminal y advirtió sobre el peligro de que estas medidas afecten el movimiento de cruceros. Al respecto, Brisighelli fue tajante al señalar que “no debería ocurrir que, para reclamar, terminen generando daño a la actividad en general”.
Aunque la operatoria portuaria no se ha visto alterada de manera inmediata, el dirigente expresó su temor por la evolución del conflicto y el impacto en la logística de los pasajeros. “Me preocupan las cuestiones prácticas: ¿cómo va a evolucionar?, ¿cómo seguirá?, ¿qué problemas se van a generar en el puerto?”, se preguntó. Asimismo, cuestionó la metodología de los reclamos sindicales al sostener que “el tema es cuando los reclamos se transforman en acciones concretas que sabotean la operatoria de gente que no tiene nada que ver con el problema”.
La falta de canales de comunicación entre el Gobierno y los operadores turísticos fue otro de los puntos críticos mencionados por el empresario. Brisighelli denunció que, hasta el momento, no han existido reuniones informativas para llevar tranquilidad a las empresas del sector. “No tuvimos reuniones con nadie, ni sabemos qué va a pasar, más allá de la charla de café. Hay poca información fidedigna para dar una explicación seria”, lamentó el titular de la Federación.
Sobre la intervención dispuesta por la Nación, el empresario analizó que no se trata de un hecho fortuito, sino de una consecuencia lógica de años de abandono estructural. “Indudablemente es la forma en la que ha decantado una situación del puerto que se remonta a mucho tiempo atrás. Vienen de muchos años de falencias y ha decantado en esta resolución”, sentenció. En este sentido, evitó tomar partido por la medida política pero fue claro al decir: “No tengo idea si es la mejor solución o no”.
Para ilustrar el deterioro del puerto, Brisighelli enumeró fallas que persisten a través de múltiples administraciones sin ser atendidas. Mencionó el caso del sector 3, donde las defensas para el amarre de barcos “están destruidas hace 25 años”. Según explicó, “es algo que nunca se repuso y ese sector está muy limitado en la cuestión operativa”, remarcando que se trata de problemas históricos que ninguna gestión resolvió.
Del mismo modo, recordó el estado del muelle de catamaranes, dañado desde hace más de una década y que recientemente fue desarmado por completo. “En 2012 tuvimos una tormenta que rompió el muelle y nunca se reparó. Lo cierto es que estamos perdiendo infraestructura portuaria”, afirmó con preocupación. Brisighelli aclaró que estos inconvenientes “no son cuestiones atribuibles a esta administración, sino que son cuestiones de larga data” que se han ido acumulando.
Finalmente, el empresario vinculó la intervención nacional con la reciente legislación provincial que redirigió recursos del puerto hacia la obra social estatal OSEF. Según su diagnóstico, esta decisión política fue el detonante en la relación con el Gobierno Nacional, que originalmente cedió el control del puerto a la provincia bajo ciertas condiciones. “Una gota no hace nada, pero si llevás 20 años de gotitas, es otra la historia”, concluyó para graficar el agotamiento del modelo de gestión local.