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En un documento conjunto sin precedentes, las cámaras empresariales y entidades productivas de la capital fueguina unificaron su postura para manifestar un firme desacuerdo ante el Asunto Nº 172/24. El proyecto de ley, que busca extender los límites de la ciudad de 10.800 a más de 115.000 hectáreas, fue calificado por el sector como una iniciativa que genera «falsas expectativas» y carece de una estrategia de ordenamiento previa.
Esta reacción institucional surge tras un exhaustivo relevamiento técnico liderado por la Fundación FINNOVA, que concluyó que la propuesta oficial multiplica por diez el mapa administrativo sin un diagnóstico real sobre el déficit habitacional ni la infraestructura necesaria.
Los puntos críticos del rechazo empresarial:
- Densificación vs. Expansión: Según el cruce de datos del Plan de Ordenamiento Urbano y el Plan Estratégico Ushuaia Sostenible, la ciudad tiene capacidad para albergar a 130.000 habitantes dentro de sus márgenes actuales mediante políticas de densificación. Con solo 740 habitantes por km², Ushuaia está muy por debajo de los niveles de ciudades como Bariloche o Comodoro Rivadavia.
- Conflicto de terminología: Las entidades denuncian que definir la zona como “ejido urbano” condiciona el suelo hacia la edificación masiva, ignorando sus funciones ambientales. Sugieren, en cambio, el término “ejido municipal” para respetar la Ley 597 y evitar una urbanización forzada sobre reservas hídricas y turberas.
- Déficit de infraestructura: El sector privado tildó de «incoherente» pretender una expansión masiva mientras la ciudad actual arrastra deudas históricas, como calles en mal estado, servicios insuficientes en barrios existentes y un relleno sanitario al límite de su capacidad.
El documento subraya que el trazado propuesto responde a criterios «geométricos» de mapa y no a sistemas ambientales. La anexión de bosques nativos y humedales pone en riesgo el paisaje que sustenta a la hotelería y la gastronomía, motores de la economía local.
Asimismo, advierten que la derogación de la Ley Provincial 597 generaría una profunda inseguridad jurídica, dejando el uso de la tierra sujeto a decisiones discrecionales. «La falta de vivienda no es por falta de espacio, sino por la inexistencia de crédito hipotecario y terrenos baldíos ociosos dentro de la ciudad actual», enfatiza el texto.
Ante la gravedad de las implicancias urbanísticas y productivas, el sector privado solicitó formalmente al Parlamento provincial frenar el avance del proyecto y abrir un debate técnico que incluya a universidades, colegios profesionales y especialistas para evitar que el crecimiento de la ciudad se dé sin reglas claras, citando como antecedente negativo el desorden actual en la zona de la Ruta J.