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La actual crisis económica que atraviesa la provincia ha generado un profundo malestar en la dirigencia sindical, desde donde se advierte que el escenario actual es el resultado de un deterioro que no fue abordado con la celeridad necesaria por el Poder Ejecutivo.
El diagnóstico gremial describe un camino de gran complejidad y una perspectiva desalentadora para los próximos meses, fundamentando que la difícil situación financiera no es un evento imprevisto, sino un cuadro que ya resultaba totalmente previsible desde el ciclo anterior. En este sentido, se cuestiona la ausencia de medidas anticipadas y una reacción gubernamental que califican como tardía frente a problemas que hoy comprometen la estabilidad del sistema público.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en el manejo de los recursos provinciales. Existe una marcada desconfianza hacia los argumentos oficiales que esgrimen falta de fondos, sosteniendo que el flujo de ingresos a la provincia se ha mantenido y que la responsabilidad de previsión mes a mes recae exclusivamente en la administración política.
Bajo esta premisa, la dirigencia de los trabajadores ha ratificado una postura intransigente: el rechazo absoluto a cualquier alternativa que pretenda vulnerar el poder adquisitivo de los empleados públicos, descartando de plano propuestas como el pago de haberes en cuotas, medida que consideran inaceptable en el actual contexto de inflación.
La preocupación se extiende también a áreas críticas de la administración, alertando sobre el grave estado financiero que atraviesan las deudas internas del Estado y, muy especialmente, la obra social, cuyo funcionamiento se ve amenazado por el cuadro general de desfinanciamiento. Ante la falta de respuestas, se ha formalizado la solicitud de apertura urgente de la mesa paritaria para discutir la recomposición salarial.
El mensaje hacia el Ejecutivo es determinante: si no se obtiene una contestación oficial en los días venideros, el sindicato avanzará con medidas de acción directa, responsabilizando a la conducción política por las consecuencias de una crisis que, sostienen, ha sido generada por decisiones de gestión y no por la labor de los trabajadores.