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A menos de dos semanas de que la provincia de Tierra del Fuego asuma formalmente el control de las áreas petroleras que deja YPF, el escenario de transición ha pasado de ser un hito soberano a un foco de conflicto y profunda incertidumbre. El abogado Francisco Giménez, representante de empresas contratistas que sostienen la operatividad en la cuenca, lanzó una dura advertencia sobre la falta de definiciones oficiales, asegurando que el proceso actual carece de transparencia y pone en riesgo la estabilidad de cientos de familias fueguinas.
El centro de la controversia radica en la inminente entrada en funciones de la empresa estatal Terra Ignis a partir del próximo primero de abril. Según el letrado, a pesar de la cercanía de la fecha, las compañías prestadoras de servicios aún no han recibido notificaciones formales sobre el nuevo esquema operativo ni sobre la continuidad de los contratos vigentes. Esta desconexión comunicativa genera una inseguridad jurídica absoluta en un sector que moviliza inversiones millonarias y requiere de una planificación técnica rigurosa para evitar accidentes o ceses en la producción.
Un punto crítico que asoma en el horizonte es la resolución de los pasivos acumulados. Giménez detalló que existen deudas históricas por redeterminaciones de precios que la operadora saliente mantiene con las pymes locales, las cuales ahora quedan en un limbo administrativo. Sin un responsable claro que asuma estos compromisos económicos, muchas empresas regionales enfrentan la posibilidad real de una quiebra, al no contar con el respaldo financiero para absorber los costos operativos y salariales en la transición. A esto se suma la incertidumbre sobre el pasivo laboral de los aproximadamente cuatrocientos trabajadores que operan en los yacimientos, cuya antigüedad y derechos adquiridos representan una masa de dinero que alguien deberá garantizar.
La crítica también apunta directamente a la metodología elegida por el Ejecutivo provincial para seleccionar a los futuros socios estratégicos de Terra Ignis. Giménez calificó el proceso como «oscuro» y «secreto», contrastándolo con las licitaciones públicas, nacionales e internacionales, que llevaron adelante provincias vecinas como Santa Cruz para garantizar la transparencia y atraer inversiones de peso. Según su visión, el hecho de que se defina el destino de un recurso estratégico en reuniones cerradas y sin difusión de los pliegos o de las empresas oferentes, constituye una irregularidad grave que compromete el patrimonio de todos los fueguinos a largo plazo.
El trasfondo de esta crisis sectorial se entrelaza con la delicada situación financiera de las arcas provinciales. El abogado recordó que el propio Gobierno ha reconocido dificultades para afrontar el pago de salarios estatales, lo que vuelve aún más cuestionable la decisión de asumir compromisos operativos y deudas millonarias sin un plan de contingencia sólido. En este sentido, denunció que la gestión priorizó la obtención inmediata de veintiocho millones de dólares adelantados por YPF —fondos que además no fueron coparticipados con los municipios— por sobre una salida ordenada que protegiera el tejido productivo local.
Finalmente, la advertencia de Giménez es tajante respecto a las consecuencias judiciales y políticas de este traspaso. Aseguró que la falta de decisiones claras y la improvisación administrativa derivarán inevitablemente en una ola de litigios contra el Estado que terminarán pagando las futuras generaciones. Con el reloj corriendo y sin respuestas concretas por parte de los funcionarios responsables, el primero de abril se perfila no solo como una fecha de traspaso de mando, sino como el posible inicio de un conflicto estructural que podría paralizar la industria energética de la provincia.