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El panorama industrial de Tierra del Fuego presenta un deterioro alarmante que se manifiesta con especial crudeza en el sector textil. Alberto Garófalo, referente de la Cámara de la Industria Fueguina (CAFIN), advirtió que la actividad actual es apenas una sombra de lo que funcionaba hace solo dos años. En aquel entonces, el entramado productivo gozaba de una vitalidad que hoy se ha reducido drásticamente, quedando en funcionamiento apenas cuatro fábricas que emplean a unas 230 personas. Según el directivo, este escenario representa, con suerte, el 30% de la capacidad operativa y del personal que el sector supo sostener en el pasado reciente.
La crisis encuentra su origen en un complejo entramado de incertidumbre legal y decisiones políticas. Garófalo señaló como factor determinante la falta de una reglamentación clara para el decreto 594, un instrumento que debería precisar cómo se aplica la disminución de beneficios para el sector. Esta carencia normativa ha sumido a las empresas en un estado de parálisis, agravado por actuaciones de la Aduana y la Dirección General Impositiva basadas en dictámenes que, según la cámara, carecen de la fuerza legal suficiente. Ante este vacío, muchas firmas han optado por detener sus operaciones a la espera de señales claras, mientras que otras se ven imposibilitadas de retirar su mercadería debido a restricciones administrativas impuestas en los últimos meses.
El contexto macroeconómico nacional también juega un rol crítico en el desmantelamiento de la matriz productiva local. La apertura de las importaciones y la pronunciada caída del consumo interno han golpeado la competitividad de las fábricas fueguinas. Garófalo subrayó la dificultad de competir en condiciones de desigualdad contra productos extranjeros que a menudo cuentan con subvenciones estatales o se sustentan en trabajo no registrado. En este sentido, alertó sobre el avance de plataformas comerciales asiáticas que ya generan preocupación incluso en mercados europeos, y que en Argentina impactan de lleno en rubros sensibles como el textil, el calzado y la ropa de blanco.
Para el referente de CAFIN, el mal momento no es exclusivo de las textiles, sino que comienza a alcanzar a otras ramas como la electrónica y la plástica, donde la demanda no tracciona y la presión de lo importado empieza a sentirse con fuerza. Ante esta situación, la entidad plantea que la única salida viable es una reconversión industrial urgente. La propuesta consiste en permitir que las empresas utilicen su capacidad instalada, actualmente aprovechada solo al 50%, para migrar hacia nuevos nichos de mercado menos conflictivos. Esta estrategia busca garantizar que tanto la inversión público-privada de las últimas cuatro décadas como los puestos de trabajo permanezcan dentro del sistema productivo de la isla.
Respecto a las herramientas de inversión futura, Garófalo se mostró partidario de la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque aclaró que este no debe ser visto como un sustituto de la industria instalada. El dirigente enfatizó que no es razonable desperdiciar la infraestructura existente bajo la suposición de que los nuevos proyectos podrán absorber la totalidad de la mano de obra actual. Asimismo, manifestó dudas sobre la continuidad de proyectos hoteleros vinculados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), sugiriendo que el contexto amenazante para las empresas electrónicas obliga a revisar minuciosamente la conveniencia de sostener dichas inversiones.
Finalmente, el futuro del sector queda supeditado a una recuperación del mercado y a definiciones políticas que devuelvan la previsibilidad jurídica. Garófalo concluyó que, sin acciones específicas de defensa, el régimen de Tierra del Fuego se está desmantelando por omisión. La preservación del empleo y el aprovechamiento de la capacidad industrial instalada aparecen hoy como los desafíos más urgentes para evitar que el primero de abril se convierta en un punto de quiebre definitivo para la economía fueguina.