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La Comisión de Justicia y Seguridad, presidida por la legisladora Natalia Gracianía (LLA), emitió dictamen favorable al asunto Nº 163/25, el cual propone la modificación de la Ley provincial Nº 162. La iniciativa busca establecer un mecanismo de actualización automática para las tasas judiciales, con el fin de mitigar el impacto del contexto inflacionario en el presupuesto del Poder Judicial.

Durante el encuentro, integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) explicaron que la medida responde a la necesidad de mantener el valor real de los recursos recaudados, los cuales serán destinados de forma exclusiva a obras de infraestructura y a la adquisición de equipamiento tecnológico para el sistema judicial.

Desde la Justicia se destacó que el proyecto cuenta con el consenso de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia y de los gremios con injerencia en el sector. En el dictamen aprobado, se especifica la modificación del Artículo Nº 6, quedando redactado de la siguiente manera:

«En los juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario y no se encuentren comprendidos en las exenciones contempladas por esta Ley u otro cuerpo normativo, se integrará una tasa fija de $0.5$ IUS, pagadera en su totalidad al inicio de las actuaciones».

En otro orden de temas, la Comisión abordó la renuncia de una organización no gubernamental (ONG) que integraba el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura. Se informó que la vacante deberá ser cubierta a la brevedad por otra institución que forme parte del Registro oficial para asegurar la continuidad de las tareas de control.

Participaron de la reunión las legisladoras Natalia Gracianía (LLA), María Victoria Vuoto (PJ) y María Laura Colazo (PV), junto a los legisladores Jorge Lechman (SF), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino y Federico Sciurano (FORJA).

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