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En el marco de la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes 27, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó de manera unánime una resolución que abre un fuerte interrogante sobre la regularidad institucional en la representación de la provincia ante el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
A instancias del legislador Jorge Lechman, el cuerpo parlamentario resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial para que, en un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas, brinde explicaciones detalladas sobre las circunstancias que rodearon la designación de Maximiliano D’Alessio en el directorio de la petrolera estatal.
El debate en el recinto se centró en el cumplimiento de la Ley Provincial N° 1012. Esta norma establece un procedimiento administrativo y legislativo riguroso: cualquier designación de un representante fueguino ante YPF debe ser efectuada por el Poder Ejecutivo, pero posee carácter de ad referéndum de la Legislatura.
Bajo este marco normativo, el designado no puede asumir funciones ni ejercer la representación formal de la provincia sin contar previamente con el pliego de conformidad aprobado por la Cámara Legislativa.
Durante su alocución, el legislador Lechman subrayó que el objetivo de esta medida es verificar si el Ejecutivo ha incurrido en una omisión al no informar a la Cámara ni respetar los pasos legales vigentes. «Buscamos transparencia y el respeto irrestricto a los procedimientos que marca la ley. No se puede avanzar en una designación de tal relevancia estratégica para la provincia sin el control de este cuerpo», señaló.
La resolución aprobada no solo exige una respuesta inmediata sobre el estado de la designación, sino que obliga al Gobierno a remitir de forma urgente toda la documentación y los antecedentes administrativos que sustentan el nombramiento de D’Alessio.
Esta intimación marca un precedente de control legislativo sobre las decisiones del Ejecutivo en áreas críticas como la energía y los recursos naturales. La falta de cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1012 podría poner en tela de juicio la validez de las actuaciones del representante fueguino ante la máxima autoridad de la principal operadora petrolera del país.
Se espera que, tras el vencimiento del plazo otorgado, el Ejecutivo remita los informes solicitados para que la Legislatura analice los pasos a seguir en materia de ratificación o rectificación de la representación provincial.