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El escenario industrial argentino atraviesa una transformación radical. El gobierno de Javier Milei, mediante el Decreto 252/2026, ha oficializado la extensión del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio nacional. Esta medida, que entra en vigencia el próximo 17 de junio, no es simplemente un cambio administrativo; representa un golpe al corazón del esquema productivo de Tierra del Fuego.
Desde su creación, la Ley 19.640 fue mucho más que un beneficio impositivo. Fue la herramienta geopolítica diseñada para garantizar el poblamiento y la soberanía en el punto más austral del país. Al permitir la importación de insumos sin aranceles y el diferimiento de impuestos, el Estado compensaba los enormes costos logísticos y las inclemencias climáticas de producir en la isla.
Con la universalización del RAF, el diferencial competitivo que sostenía este ecosistema desaparece. Si una empresa puede acceder a los mismos beneficios fiscales en el continente —cerca de los centros de consumo y con menores costos de transporte—, el incentivo para permanecer en la isla se desvanece.
Consecuencias: Un Efecto Dominó
La decisión plantea un panorama crítico para una población de más de 200.000 habitantes que depende, directa o indirectamente, de la industria promocionada. Las señales de alerta son claras:
Pérdida de Competitividad: La isla pierde su ventaja única, igualándose a regiones con infraestructuras menos costosas.
Fuga de Inversiones: El riesgo de relocalización es real. Empresas de peso, como el Grupo Mirgor, ya han comenzado a proyectar plantas en el continente, anticipando un esquema donde la isla deja de ser el centro de sus operaciones.
Crisis del Empleo y Arraigo: Sin puestos de trabajo industriales, el objetivo de sostener el flujo migratorio hacia el sur se ve seriamente amenazado.
«Se está produciendo un efecto de igualación hacia abajo, donde Tierra del Fuego pierde su razón de ser como polo productivo estratégico.»
Más allá de los números y las planillas de costos, el interrogante es de carácter nacional. La Ley 19.640 nació bajo la premisa de que un territorio vacío es un territorio vulnerable. Al eliminar los pilares económicos que sustentan la vida en la provincia, el Estado pone en duda la viabilidad del arraigo poblacional en una zona clave para el control del Atlántico Sur y la proyección antártica.
El 17 de junio marcará el inicio de una nueva era. Resta ver si Tierra del Fuego podrá reconvertirse o si este decreto será recordado como el inicio del desmantelamiento del proyecto soberano más importante del siglo XX en la Patagonia.