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El conflicto entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo suma un nuevo capítulo de alta tensión. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha convocado formalmente a la cuarta Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de exigirle al Gobierno de Javier Milei que acate de forma definitiva la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación en 2025.
La movilización, que tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo, se realizará bajo el lema «Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional». Esta nueva convocatoria es el resultado de un acuerdo amplio entre el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial de docentes y no docentes. Al igual que en las masivas ediciones anteriores, los organizadores esperan un respaldo que trascienda la comunidad académica y sume a diversos sectores de la sociedad civil que defienden el sistema de educación pública.
La medida llega tras meses de un cuatrimestre marcado por la conflictividad. La falta de aplicación de la norma ha derivado en variadas formas de protesta, que incluyeron desde clases públicas y paros docentes hasta el llamativo «paro a la japonesa» implementado por la Facultad de Odontología de la UBA. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha mantenido su postura de no aplicar la ley bajo el argumento de que la norma no especifica fuentes de financiamiento concretas y que su ejecución pondría en riesgo el equilibrio fiscal, eje central de la gestión presidencial.
Un factor determinante en este nuevo llamado a la calle es el reciente revés judicial para la Casa Rosada. A fines de marzo, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación del Ejecutivo y ordenó el cumplimiento inmediato de la ley. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificaron la vigencia de los artículos 5º y 6º, los cuales establecen la obligatoriedad de actualizar los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de recomponer los montos de las becas estudiantiles.
A pesar del fallo judicial y de que la ley fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial de octubre pasado, el presupuesto universitario sigue sin actualizarse conforme a la variación acumulada de la inflación. La marcha del 12 de mayo se perfila así como una de las manifestaciones de mayor peso político en el calendario de 2026, buscando que la presión social logre lo que, hasta ahora, el debate parlamentario y las resoluciones judiciales no han conseguido materializar en los fondos para las casas de altos estudios.