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Durante una visita a Rosario, la vicepresidenta exigió la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, cuyo patrimonio está bajo la lupa judicial. Evitó respaldarlo públicamente y esquivó responder si el funcionario debería dar un paso al costado.
En medio de un escenario de creciente hermetismo en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a sacudir la interna del oficialismo con definiciones de alto impacto político. Durante una breve visita a la ciudad de Rosario, la titular del Senado tomó una marcada distancia del presidente Javier Milei, criticó el estilo confrontativo de la conducción nacional y evitó salir en defensa del exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre quien exigió respuestas inmediatas ante las sospechas de presunto enriquecimiento ilícito.
“Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, disparó Villarruel de forma tajante al ser consultada por la prensa santafesina. La frase expuso de manera pública una demora que el propio Milei había prometido subsanar hace casi dos semanas, cuando aseguró que la documentación patrimonial del funcionario sería presentada de forma “inminente”. Transcurrido ese plazo sin novedades, la declaración de la vicepresidenta desnudó el malestar y la falta de respuestas coordinadas dentro del propio espacio gubernamental.
La funcionaria había viajado a Rosario con una agenda estrictamente personal: asistir a una misa en la Catedral local al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre. Sin embargo, el contacto con los medios locales se transformó rápidamente en un nuevo capítulo de la cada vez menos disimulada tensión que mantiene con el jefe de Estado.
Antes de ingresar al terreno de las sospechas patrimoniales que cercan a la Jefatura de Gabinete, Villarruel aprovechó para diferenciarse conceptualmente de los modos presidenciales. “Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto, si ellos no lo tienen, yo sí”, afirmó de manera explícita, en lo que fue leído como un pase de facturas directo hacia la retórica de confrontación que emana desde Balcarce 50.
Asimismo, contrastó la situación de la administración central con la gestión que lleva adelante en la Cámara alta, donde destacó una política de austeridad en sintonía con el escenario socioeconómico actual. Según detalló, desde el Senado se trabaja activamente para “ahorrar plata de los argentinos”, logrando acumular un recorte de 27.000 millones de pesos. “Se les pide mucho esfuerzo a los argentinos”, argumentó para justificar la rigidez de las cuentas legislativas.
Esa misma línea discursiva fue la que dejó descolocado el blindaje oficial en torno a Adorni. En un Gobierno que sostiene el ajuste fiscal como bandera principal, las inconsistencias materiales de sus funcionarios comienzan a generar un costo político propio. Ante la repregunta inevitable de los cronistas sobre si el jefe de Gabinete debería presentar su renuncia debido a la gravedad de las denuncias, Villarruel apeló a una sugestiva sonrisa, guardó silencio y se retiró custodiada, evitando otorgar el tradicional respaldo público que el Poder Ejecutivo suele dispensar a sus miembros ante situaciones de crisis.
La dilación en las aclaraciones del entorno de Manuel Adorni contrasta con la estrategia de su hermano, Francisco Adorni, también salpicado por denuncias de enriquecimiento ilícito, quien ya procedió a rectificar sus declaraciones juradas y las de su cónyuge, argumentando a través de su defensa legal que se trató de “una omisión, como le pasa a cualquiera”.
En el caso del exvocero, la documentación que justifique sus movimientos económicos, la evolución de sus bienes y sus gastos habituales sigue sin salir a la luz, a pesar de haber transcurrido dos meses y medio desde las primeras presentaciones en su contra. Mientras las explicaciones políticas escasean, la investigación en los tribunales federales avanza a paso firme, sumando al expediente facturas, comprobantes de pago y registros de comunicaciones vinculados a presuntas refacciones inmobiliarias en un barrio privado por un monto estimado en 245.000 dólares.