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La segunda jornada del juicio oral y público por presuntas maniobras de estafa y lavado de activos vinculadas a la adjudicación de 128 viviendas sociales en el sector Barrancas del Río Pipo volvió a dejar al descubierto detalles sórdidos sobre el funcionamiento interno del esquema investigado. El debate, que se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de los Tribunales de Ushuaia, complicó aún más la situación del histórico dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, y del imputado Miguel Arana.
El testimonio clave de la audiencia estuvo a cargo de Gustavo Vázquez, quien se desempeñó como presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) entre 2018 y 2019, durante la gestión de la gobernadora mandato cumplido Rosana Bertone. El exfuncionario expuso severas irregularidades en las nóminas de beneficiarios que enviaba el sindicato y denunció haber sufrido graves situaciones de violencia y amenazas directas a causa de este expediente.
Listados adulterados y entrega de dólares
Vázquez explicó ante el Tribunal que el rol del IPV en el plan de Barrancas del Río Pipo se limitaba estrictamente a la construcción de las unidades habitacionales —departamentos de dos dormitorios financiados por el Gobierno nacional durante la presidencia de Mauricio Macri—. En contrapartida, la preselección y confección de los listados de beneficiarios quedaba bajo la órbita exclusiva de ATE.
Según precisó el testigo, las listas ingresaban por la mesa de entradas del organismo y debían ser sometidas a depuraciones constantes debido a la gran cantidad de postulantes que no cumplían con los requisitos mínimos de ley. El ex titular del IPV aseguró que muchos de esos documentos llevaban las firmas de Carlos Córdoba y Miguel Arana, y que al cruzarse los datos se detectaron graves inconsistencias: figuraban personas que no estaban afiliadas al gremio e individuos que ni siquiera trabajaban en el Estado provincial.
Durante su declaración, Vázquez recordó un caso emblemático que ilustra la matriz de la presunta estafa: el de una mujer de avanzada edad que concurrió a su despacho y le manifestó haberle entregado alrededor de 6.000 dólares en efectivo directamente a Córdoba con el objetivo de asegurarse un lugar entre los adjudicatarios. Ante esa situación, el exfuncionario afirmó haberle recomendado formalizar de inmediato la denuncia penal.
«Aprietes» y agresiones físicas en su propio domicilio
Uno de los momentos de mayor tensión de la jornada se vivió cuando el testigo relató las represalias que comenzaron a ejecutarse cuando las maniobras espurias tomaron estado público. Vázquez sostuvo ante los jueces que sufrió «aprietes» y que fue agredido físicamente en varias oportunidades en su propio domicilio particular, asegurando además que otros trabajadores técnicos y administrativos del IPV también fueron amenazados y golpeados por personas vinculadas a la trama gremial.
En este sentido, el exfuncionario buscó deslindar de forma tajante la responsabilidad institucional del ente provincial. Remarcó que el IPV “nunca pidió dinero” para adjudicar viviendas ni utilizó jamás cobradores o intermediarios para recaudar fondos de los postulantes, señalando que toda la operatoria paralela investigada funcionaba por fuera de los mecanismos formales del instituto y se habría iniciado entre los años 2016 y 2017, previo a su llegada al cargo.
Cruces con la defensa y reconocimiento de firmas
Durante el interrogatorio, la defensa de Carlos Córdoba intentó cuestionar al testigo sobre cómo podía desconocer las supuestas maniobras si ocurrieron bajo su órbita. Vázquez replicó de forma directa señalando que bajo su conducción tenía “muchísima gente a cargo y muchas responsabilidades”, lo que volvía materialmente imposible controlar en detalle el día a día de cada área específica del organismo.
Asimismo, el ex presidente del IPV confirmó haber mantenido múltiples reuniones con Córdoba durante su gestión, tanto en la sede del instituto como en la Casa de Gobierno, aunque aclaró que jamás existió una relación personal entre ambos por fuera de las estrictas cuestiones de gestión habitacional. Cabe destacarse que, según los datos aportados en el juicio, casi la totalidad de los 128 departamentos emplazados en la zona boscosa cercana al río Pipo fueron finalmente entregados, quedando pendientes apenas entre ocho y diez unidades.
En los tramos finales de la audiencia, el Tribunal le exhibió a Vázquez expedientes, notas internas y planillas de adjudicatarios incorporadas a la causa. El exfuncionario reconoció sin vacilar las firmas estampadas por Córdoba y Arana en los distintos documentos, ratificando la vinculación directa de las máximas autoridades de ATE con los listados bajo sospecha.