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La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia elevó una nota formal dirigida al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Economía de la Provincia, mediante la cual solicita, con carácter de urgencia, información técnica, territorial, social, económica, ambiental y jurídica vinculada a las recientes medidas sobre el régimen de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP).
Este pedido formal, motivado por las resoluciones y decretos dictados por el Ejecutivo provincial, busca esclarecer el impacto que tendrá la reducción y eliminación de estos subsidios sobre miles de familias de la ciudad. Desde el Municipio advirtieron que tales medidas fueron implementadas sin una articulación institucional suficiente con el área municipal que posee competencia directa sobre hábitat, urbanizaciones y ordenamiento territorial, a pesar de que el área cuenta con datos específicos sobre la realidad socioeconómica de los distintos barrios.
En el documento, el Ejecutivo local expresó su profunda preocupación ante las posibles consecuencias sociales, territoriales y ambientales derivadas del nuevo esquema, especialmente en los sectores que aún no cuentan con acceso efectivo a la red de gas natural. Se alertó sobre el riesgo crítico de que numerosas familias no puedan afrontar el costo del GLP ni las inversiones necesarias para las conexiones domiciliarias, en un contexto marcado por la crisis económica y el endeudamiento de los hogares.
Entre los riesgos detectados, el Municipio advirtió que la quita del subsidio podría derivar en un incremento del uso de sistemas alternativos y precarios de calefacción, como la quema de leña o el uso intensivo de artefactos eléctricos. Esto no solo eleva las probabilidades de incendios domiciliarios, sino que genera una presión adicional sobre los recursos naturales, afectando la conservación de los bosques, los turbales y las cuencas hídricas locales. Asimismo, existe inquietud ante la posibilidad de desplazamientos poblacionales hacia sectores ambientalmente frágiles que aún mantienen mayor cobertura de asistencia.
Para avanzar en el análisis, la Secretaría solicitó al Gobierno provincial la cartografía oficial utilizada para determinar las unidades territoriales del subsidio, así como información detallada sobre la cantidad de familias alcanzadas, los criterios de exclusión aplicados y los estudios previos de impacto que sustentan la medida.
Al respecto, desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial recordaron la situación de la urbanización General San Martín, señalando que, de haberse cumplido oportunamente las responsabilidades concurrentes en materia de infraestructura, hoy más de 3.000 familias podrían contar con servicios adecuados. En ese sentido, subrayaron que no resulta socialmente justo trasladar a los vecinos las consecuencias derivadas de la falta histórica de inversión en infraestructura básica de gas natural.
Finalmente, el Municipio solicitó al Gobierno provincial la suspensión preventiva de los efectos más gravosos del nuevo régimen mientras se analiza integralmente el impacto de las disposiciones. La petición hace especial hincapié en la necesidad de proteger a los hogares durante el período invernal, evitando la quita total o parcial del subsidio a aquellas familias que no disponen de posibilidades reales para acceder a la red de gas natural ni para costear el precio pleno del GLP.