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Un alarmante informe elaborado por el Observatorio Social, Político y Económico del ICSE de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), bajo el impulso del Sindicato de Docentes Universitarios (SDU-FEDUN), ha dejado al descubierto la profunda crisis laboral que atraviesa el personal de la institución. Los datos recabados durante el mes de mayo, a partir de un relevamiento sobre 180 trabajadores entre docentes y nodocentes —tomados sobre una planta total de 769 personas correspondiente al año 2025—, confirman que el 74% de los consultados debe diversificar sus fuentes de ingresos mediante el pluriempleo como única vía para garantizar su subsistencia.
Este fenómeno, lejos de ser una elección voluntaria, se erige como un síntoma directo del deterioro de las condiciones de vida y la constante pérdida de poder adquisitivo que ha marcado el período 2024-2026 en el país, bajo la administración del gobierno de Javier Milei.
La magnitud de la precarización laboral queda expuesta al analizar la naturaleza de estas ocupaciones extrauniversitarias: cerca del 60% de quienes combinan trabajos se ven obligados a aceptar empleos informales, lo que significa que la mayoría de los trabajadores universitarios carece de la protección básica, aportes previsionales o estabilidad que debería brindar un empleo formal. Según el reporte, el 58,5% de las actividades secundarias son de carácter informal, mientras que apenas el 41,4% logra acceder a un segundo empleo con registro.
Esta realidad se ve exacerbada por una caída estrepitosa del poder adquisitivo: el 74,5% de los encuestados afirmó que sus ingresos han sufrido una reducción significativa en los últimos dos años, dejándolos en un estado de vulnerabilidad inédito para profesionales de alta formación.
La estructura interna de la UNTDF también juega un papel crucial en este escenario, ya que el sistema actual no alcanza a cubrir las necesidades básicas de su personal. El informe subraya que solo el 27,8% de los docentes cuenta con dedicación exclusiva de 40 horas semanales, lo que implica que la inmensa mayoría, más del 70%, debe necesariamente buscar otras fuentes de ingresos fuera del ámbito académico. Esta necesidad de fragmentar la jornada laboral impacta negativamente en la calidad educativa y el funcionamiento institucional, un aspecto que los autores del informe consideran uno de los puntos más graves de la situación. Al estar obligados a diversificar sus horas en tareas ajenas a la universidad, los docentes y nodocentes ven seriamente limitada su capacidad para dedicarse a la investigación científica de calidad, al desarrollo de proyectos de extensión y a las intervenciones territoriales que vinculan a la universidad con la sociedad fueguina.
En última instancia, el informe presentado por el Observatorio Social, Político y Económico del ICSE funciona como un llamado de atención sobre el riesgo que corre la educación superior en Argentina. La sobrecarga laboral a la que están expuestos trabajadores con años de formación y experiencia no solo deteriora sus condiciones de bienestar personal, sino que condiciona el futuro académico y científico de la región. La pérdida de capital humano y la desarticulación de las funciones esenciales de la universidad pública, producto de un contexto económico que empuja a los profesionales hacia la informalidad, constituyen, según el estudio, una amenaza estructural para la continuidad del proyecto universitario frente a las políticas de ajuste vigentes.