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El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó una apelación contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que declaró la nulidad del Decreto N° 751/26, mediante el cual se había convocado a elecciones para el próximo 9 de agosto. A través de este recurso, el Gobierno busca revertir la medida, advirtiendo sobre un posible perjuicio al orden institucional y a la seguridad jurídica de la provincia.
En el escrito judicial, el Ejecutivo sostiene que la resolución de la jueza Zanini carece de sustento jurídico y contraviene decisiones previas del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según el Gobierno, al momento de firmarse el decreto de convocatoria, no existía ninguna medida cautelar, suspensión judicial ni resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impidiera el avance del proceso.
El eje central del planteo radica en que la jueza habría invalidado el decreto basándose en una queja presentada ante la Corte Suprema, a pesar de que la legislación nacional vigente estipula que dicha instancia no tiene efectos suspensivos sobre el proceso electoral.
La presentación cuestiona la jerarquía judicial aplicada en el fallo. El Gobierno argumenta que el Juzgado Electoral, al revisar e interpretar una sentencia ya dictada por el STJ, altera el sistema de jerarquías y desconoce la obligatoriedad de la jurisprudencia del máximo tribunal provincial. En este sentido, la apelación advierte que permitir que un tribunal de instancia inferior desestime una decisión del Superior Tribunal supone una alteración del orden institucional.
Desde el Ejecutivo subrayaron que la nulidad declarada impacta directamente sobre un proceso democrático ya en marcha y genera un escenario de incertidumbre a pocos días de la fecha prevista para la elección de convencionales constituyentes.
El Gobierno sostuvo que, de mantenerse este precedente, cualquier proceso institucional podría quedar paralizado ante presentaciones ante la Corte Suprema, afectando la previsibilidad y la estabilidad del sistema democrático. Por ello, solicitaron a la Cámara interviniente que actúe con carácter urgente para revertir el fallo, permitiendo la continuidad de los comicios convocados bajo el amparo de la Ley Provincial N° 1529.
Finalmente, el Ejecutivo provincial remarcó que la controversia trasciende la validez de un decreto y pone en juego principios fundamentales como la autonomía provincial, la división de poderes y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía fueguina.