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En un contexto nacional de profunda incertidumbre y tensión financiera en la provincia, el intendente de Río Grande, Martín Perez, mantuvo un encuentro con la prensa donde priorizó la gestión diaria por sobre el armado electoral. El mandatario riograndense lanzó advertencias sobre el estado de las arcas municipales, defendió la autonomía del sistema local y ratificó la decisión de endurecer las políticas contra el vandalismo en espacios públicos.
El punto de mayor fricción durante la rueda de prensa fue el atraso en el envío de los fondos coparticipables. Perez confirmó que, a pesar de la existencia de mesas de trabajo técnicas con el Gobierno provincial, la brecha en los plazos legales se ha profundizado de manera preocupante. El intendente detalló que a comienzos de año la demora rondaba los 24 días y actualmente se acerca a los 35, llegando incluso a registrar atrasos de hasta 40 días. Según el jefe comunal, esta situación complica la administración de las finanzas y la posibilidad de dar respuestas a los ciudadanos, por lo que exigió una solución definitiva al conflicto financiero.
Ante las constantes consultas sobre el mapa político para el próximo año, Perez fue contundente para frenar las especulaciones. «No soy candidato a absolutamente nada», repitió, argumentando que su prioridad exclusiva es contener la crisis económica que golpea a las familias riograndenses y citando como ejemplo la preocupación que observó recientemente en los trabajadores del Parque Industrial. En cuanto a la posibilidad de alianzas o frentes de unidad, el intendente descartó las estructuras vacías de contenido, afirmando que la unidad por la unidad misma termina siendo un fracaso y una estafa electoral, por lo que cualquier acuerdo deberá construirse sobre propuestas serias para enfrentar los problemas económicos, sociales y productivos de la provincia.
En otro orden, Perez puso en valor el rol del Estado local ante el impacto de la recesión. Destacó que el sistema de salud municipal alcanza las 270 mil prestaciones anuales y subrayó el esfuerzo económico que implica para Río Grande hacerse cargo de forma autónoma de la potabilización del agua, servicio que en otras jurisdicciones de la provincia es responsabilidad estatal. Respecto al incremento de actos de vandalismo, el intendente anunció que se aplicarán sanciones económicas rígidas, utilizando el nuevo Centro de Monitoreo Urbano y las cámaras de videovigilancia como herramientas centrales para identificar a los infractores. Si bien reconoció que la crisis social aumenta la visibilidad de estos hechos mediante las redes sociales, evitó vincular el vandalismo estrictamente a la situación económica actual.
De cara al cierre del año, el intendente anticipó que la gestión hará foco en dos demandas históricas: el área de Hábitat y la ampliación del sistema de salud. En relación con el primero, confirmó que el municipio cuenta con un stock significativo de lotes urbanizados próximos a ser adjudicados, mientras que para la salud adelantó que hay nuevos anuncios en carpeta.
Finalmente, el mandatario alineó la gestión con la contingencia climática al revelar que elevó un pedido formal a la empresa Camuzzi para solicitar la suspensión de los cortes de suministro de gas a los usuarios residenciales que mantengan deudas, ante la severidad del invierno y la delicada situación social. «La realidad que vive nuestra gente es muy preocupante y requiere que estemos concentrados en gestionar y dar respuestas concretas», concluyó el jefe comunal.