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En una jornada marcada por la fragilidad del quórum y el inicio del receso invernal, el gobierno de Javier Milei juega sus últimas cartas legislativas antes del receso. El paquete de tierras y el futuro del juez Víctor Pesino, en el centro de la escena.
En las horas previas al receso invernal, el Senado de la Nación se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el oficialismo, bajo el ala de La Libertad Avanza (LLA), disputa una carrera contra el reloj y el ausentismo estacional. Con la mira puesta en cerrar el semestre con un triunfo político, el Gobierno logró finalmente, a las 12:25 de este jueves, obtener el quórum necesario para dar inicio a una sesión de alto voltaje. El temario, consensuado en Labor Parlamentaria, tiene dos columnas vertebrales: la demorada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y un paquete de 36 pliegos judiciales.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, llega al recinto tras un sinuoso camino de trece borradores y concesiones hacia los bloques dialoguistas, tales como la exclusión de cambios en la ley de barrios populares y ajustes en la normativa sobre el manejo del fuego. A pesar de los acuerdos, el debate se centra en dos ejes críticos. En primer lugar, la compra de tierras por extranjeros, donde la iniciativa elimina restricciones sustanciales para que capitales privados internacionales adquieran tierras rurales, prohibiendo únicamente la compra por parte de Estados extranjeros o empresas estatales sin aval previo. Un punto especialmente polémico es el del silencio administrativo, que estipula que si el Estado no objeta una compra en 180 días, esta se considerará aprobada de pleno derecho, sumado a que en zonas de frontera se requerirá un doble aval, tanto nacional como provincial.
En segundo lugar, el proyecto introduce el mecanismo de desalojo exprés para acelerar los procesos ante usurpaciones. Si el propietario acredita su derecho ante el juez, este podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble bajo caución juratoria. Respecto a los inquilinos, se establece un plazo de 10 días para regularizar deudas antes de iniciar demandas, tiempo que también se prevé para la intervención estatal en casos de vulnerabilidad, buscando asegurar refugio transitorio sin frenar el desalojo.
Más allá de la cuestión agraria, la sesión responde a una urgencia administrativa vital para el mapa judicial que busca consolidar el Ejecutivo. La prioridad número uno es el pliego del camarista laboral Víctor Pesino. El magistrado cumple 75 años el próximo 27 de julio, fecha límite constitucional para ejercer la magistratura sin una prórroga aprobada por el Senado. Si el oficialismo no logra sancionar su continuidad hoy, el juez quedaría inhabilitado, obligándolo a recurrir a medidas cautelares. La aprobación de este paquete permitiría al Gobierno cubrir 110 vacantes de las casi 300 existentes, una jugada estratégica para imprimir su sello en la estructura de los tribunales federales.
La principal amenaza para La Libertad Avanza no es solo la resistencia del interbloque peronista —que ya adelantó su rechazo a la ley de tierras y su negativa a facilitar el quórum—, sino el calendario. Aunque el oficialismo cuenta con una base de 44 voluntades comprometidas, la fecha elegida coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en diversas provincias. Con senadores que ya han viajado o tomado licencia, el margen de error del oficialismo es prácticamente nulo. La física de los cuerpos ausentes en las bancas se ha convertido en el principal obstáculo para los planes de la Casa Rosada.
La sesión de este jueves funciona como un termómetro de la capacidad de gestión de La Libertad Avanza. De lograr la sanción de estas leyes, el oficialismo demostrará que, aun en minoría y contra el almanaque, conserva la llave para avanzar con reformas estructurales. De lo contrario, el receso invernal comenzará con el sabor amargo de la parálisis legislativa, dejando temas clave flotando en la incertidumbre hasta mediados de agosto.