admin 
A través del Dictamen N° 08/26, el organismo de control cuestionó con dureza la gestión del Ministerio de Educación ante el deterioro sistémico de la infraestructura escolar. El informe apunta a una «desidia administrativa» y a un modelo reactivo que dejó sin clases a miles de alumnos, derivando en evacuaciones de emergencia y hospitalizaciones. El expediente fue enviado al Ministerio Público Fiscal y al Tribunal de Cuentas.
Una investigación exhaustiva llevada adelante por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, bajo la firma del Fiscal Virgilio J. Martínez de Sucre, puso bajo la lupa la crítica situación de la infraestructura escolar en la provincia. El documento oficial —originado tras las presentaciones de padres y del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) ante la interrupción prolongada de las clases presenciales— concluye que el sistema educativo atraviesa una crisis edilicia estructural impulsada por la falta de planificación y la inacción estatal.
Las actuaciones se desataron a raíz de graves fallas registradas en los sistemas de gas, calefacción y electricidad en distintos establecimientos. Lejos de limitarse a inconvenientes menores, estos desperfectos derivaron en situaciones de extrema gravedad, como la ocurrida en la Escuela Provincial N° 24 «Juan Ruiz Galán», donde cuatro docentes sufrieron malestar físico con sospecha de intoxicación por monóxido de carbono y debieron ser hospitalizados, lo que mantuvo el edificio sin clases presenciales por más de cuarenta días. Una situación similar se vivió en la Escuela Provincial N° 34 «Yak-Haruin», donde cuatro estudiantes se descompensaron durante un acto escolar, motivando una evacuación de emergencia por parte de bomberos y policía, además de detectarse el precintado de calefactores y una cocina por parte de Camuzzi Gas del Sur. El dictamen detalla además incidentes en la Escuela N° 13, la Escuela N° 15, la Escuela N° 16, la Escuela Especial N° 1 y jardines de infantes de la ciudad.
Críticas a la gestión y omisión de advertencias
El documento cuestiona severamente el accionar del Ministerio de Educación, al que califica de mantener una gestión estrictamente reactiva y «por emergencias» que atiende las consecuencias cuando los hechos ya son graves. Según el organismo de control, las autoridades provinciales ignoraron advertencias técnicas previas y solicitudes de intervención formuladas con meses de anticipación por las propias direcciones de los colegios y equipos de supervisión.
A través de un análisis pormenorizado, la Fiscalía determinó que los reiterados colapsos en los servicios básicos no responden a imprevistos fortuitos ni a una falta absoluta de presupuesto —recordando la vigencia de sucesivas leyes de emergencia como la Ley Provincial N° 1431 y sus prórrogas—, sino a decisiones y omisiones funcionales, falta de mantenimiento preventivo y una marcada fragmentación en la coordinación interministerial.
Derivaciones institucionales y judiciales
Ante la magnitud de los hechos, el Fiscal de Estado resolvió dar por concluidas las actuaciones administrativas y dictó medidas de alto impacto institucional:
- Ministerio Público Fiscal: Se ordenó la remisión de copias certificadas del expediente para que se investigue desde la óptica penal la posible comisión de delitos derivados de la falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público y el riesgo generado a la integridad de la comunidad educativa.
- Tribunal de Cuentas: Se derivaron los antecedentes para que se determine la existencia de un eventual perjuicio fiscal, evaluando la correcta ejecución de los millonarios fondos comprometidos en las leyes de emergencia edilicia.
- Poder Ejecutivo y Legislatura: Se solicitó al Gobernador una revisión integral de la actuación de las áreas y funcionarios competentes, así como la implementación urgente de un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar que destierre la cultura del «parche» y garantice condiciones edilicias seguras de forma permanente.