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La Justicia Federal dio curso a una acción judicial impulsada por representantes sindicales que permanecen apartados del puerto de Ushuaia desde el inicio de la intervención. El Juzgado Federal a cargo de Federico Calvete notificó a ANPYN para que responda sobre la prohibición de ingreso, la afectación de la actividad sindical, las condiciones laborales y la administración de los recursos durante los últimos siete meses.
El planteo judicial, patrocinado por el abogado Manuel Raimbault y respaldado por la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) en Tierra del Fuego, Daniela Almada, busca restablecer los derechos vulnerados y frenar un escenario de arbitrariedad.
El debate judicial se centra en varios ejes críticos. En primer lugar, los representantes denuncian haber sido excluidos de sus puestos de trabajo sin una decisión individual, sumario previo ni justificación, encontrándose con el acceso bloqueado de un día para el otro mediante un listado discrecional. En segundo lugar, se advierte que los salarios continúan abonándose con fondos destinados originalmente a infraestructura y obras de la Dirección Provincial de Puertos, los cuales no se alimentan con la recaudación actual, poniendo en riesgo la subsistencia de la institución. En tercer lugar, la demanda cuestiona que la intervención suprimió los circuitos de control interno, la participación del personal de planta y la intervención de organismos como Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, convirtiendo al puerto en una zona sin normatividad ni derechos laborales. Asimismo, el planteo objeta la legalidad y constitucionalidad de la medida nacional, señalando incongruencias temporales entre la firma del acto de intervención y la toma fáctica de las instalaciones.
Como medida cautelar, la acción solicita el reingreso inmediato de los representantes sindicales y, de manera alternativa, que ANPyN transfiera a la Dirección Provincial de Puertos los recursos obtenidos por la actividad para garantizar el cumplimiento salarial.
Por su parte, Daniela Almada cuestionó el silencio institucional y la falta de respuestas políticas ante un conflicto que los trabajadores han sostenido por vías pacíficas en defensa de sus fuentes laborales y del patrimonio portuario. La respuesta formal de ANPyN definirá la apertura de la etapa probatoria en este amparo de plazos breves.