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Nuevos elementos documentales incorporados a la investigación sobre la instalación del radar de uso dual de la firma LeoLabs en la provincia revelaron que las gestiones iniciales comenzaron meses antes de que la empresa contara con radicación legal en el país y de que el proyecto fuera de acceso público.
Así lo determinó el trabajo que lleva adelante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina, presidida por el legislador Pablo Villegas (MPF), tras hallar en el expediente el formulario correspondiente al folio 160 emitido por la Dirección Provincial de Energía (DPE). Dicho registro fija el inicio de las tramitaciones en la provincia el 12 de noviembre de 2021.
De acuerdo con la documentación oficial, el trámite consistió en una solicitud de Factibilidad de Suministro Eléctrico para «Grandes Consumos» —con una potencia requerida de 125 kVA— destinada al predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, kilómetro 2946, en la Estancia «El Relincho» (Tolhuin). La gestión fue realizada directamente por la casa matriz estadounidense LEO LABS Inc. y lleva la firma de José Luis Hormaechea y del ingeniero matriculado Javier Rodríguez.
El dato central que advierte la Comisión radica en que, a la fecha de esa solicitud formal ante la DPE, la filial LeoLabs Argentina S.R.L. carecía de existencia legal en los registros provinciales, concretando su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) recién el 4 de marzo de 2022.
Relevamiento de dependencias y tensiones administrativas
Durante la presentación del dictamen ante el cuerpo legislativo, se detalló el grado de colaboración de las distintas carteras del Estado. Por un lado, organismos como la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), la IGJ, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Producción y Ambiente, la Secretaría de Malvinas y Asuntos Internacionales, la Secretaría Legal y Técnica y el Municipio de Tolhuin remitieron la información solicitada.
En contraposición, la DPE y la Fiscalía de Estado fueron señaladas en situación de rebeldía administrativa por retener documentación estratégica. Ante esta omisión, la Comisión adelantó que reiterará los requerimientos bajo apercibimiento de recurrir a la citación por la fuerza pública de los responsables de las áreas involucradas.
Próximas medidas de la Comisión Investigadora
De cara a la elaboración del primer informe público previsto para septiembre, el cuerpo legislativo avanzará en una etapa decisiva que comprende tres líneas de acción:
- Ronda de testimonios: Se convocará a figuras clave del ámbito nacional y provincial, entre ellas el exministro de Defensa Jorge Taiana, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Gral. Juan Manuel Paleo; el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; y el exsenador nacional Pablo Blanco.
- Peritaje técnico: Se solicitó una inspección científica independiente en el predio de «El Relincho» para determinar con precisión el estado operativo de la estructura, evaluar si opera bajo la modalidad de «escucha pasiva» o si cuenta con sistemas de activación remota.
- Auditoría de comunicaciones: A pedido del Centro de Excombatientes de Ushuaia, se requerirán copias certificadas de los correos electrónicos institucionales de las áreas involucradas y se solicitó la entrega voluntaria de registros de mensajería instantánea de los funcionarios y técnicos intervinientes desde el año 2021.