admin 
Mediante una enérgica manifestación pública difundida a través de sus redes sociales, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria), expresó su absoluto rechazo ante la decisión adoptada por el Gobierno nacional de avanzar en la subasta de 38 hectáreas pertenecientes a la Base Naval de Ushuaia, al advertir que la medida impulsada por la administración del presidente Javier Milei representa un gravísimo avasallamiento sobre los intereses estratégicos, la soberanía y el patrimonio de la provincia.
Con el objetivo central de frenar esta disposición y resguardar los activos fundamentales del distrito austral, la legisladora formalizó la presentación de dos iniciativas de gran relevancia en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Por un lado, impulsó un proyecto de ley estructurado específicamente para lograr la derogación directa del Decreto N.º 764/2026, exigiendo la anulación inmediata de los procedimientos de venta y enajenación iniciados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Por otro lado, promovió un proyecto de declaración orientado a plasmar el repudio institucional y formal de la Cámara alta frente a la desincorporación de estos inmuebles estratégicos.
En los fundamentos de las presentaciones parlamentarias, la senadora remarcó de manera categórica que las superficies geográficas alcanzadas por la normativa —cuyo decreto fue publicado el pasado 21 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina— de ningún modo constituyen tierras vacías, prescindibles u ociosas. Por el contrario, enfatizó que poseen una vital relevancia histórica, resguardan la memoria comunitaria de los fueguinos y revisten una importancia geopolítica insustituible para la defensa de la soberanía nacional en el extremo austral del país.
Asimismo, el proyecto de declaración remarca la profunda preocupación instalada en la representación legislativa fueguina ante una decisión inconsulta del Poder Ejecutivo Nacional que desconoce deliberadamente los antecedentes de uso público, comunitario e institucional de los predios situados en un sector neurálgico y prioritario de la capital fueguina. Desde el espacio político se ratificó el compromiso de agotar todas las instancias institucionales para impedir que se despoje a la provincia de enclaves esenciales para su desarrollo y su proyección soberana.