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Un nuevo capítulo de confrontación política se abrió entre el Poder Ejecutivo Nacional y la administración municipal de Ushuaia a raíz de la subasta pública de un predio de 38 hectáreas perteneciente a la Armada Argentina. La controversia escaló luego de que el Gobierno nacional cruzara al intendente Walter Vuoto y calificara como «falso» su reclamo contra la medida.
La polémica se encendió cuando el jefe comunal rechazó la subasta bajo la consigna de que «Ushuaia no se vende» y defendió los terrenos como parte del patrimonio de los fueguinos. En respuesta, desde la Oficina de Respuesta Oficial de la administración central remarcaron que el mandatario municipal «no cuenta la historia completa» sobre la situación dominial y el estado real del inmueble.
Según la postura oficial, el terreno de 382.594,79 metros cuadrados fue declarado innecesario por el Ministerio de Defensa, cartera que solicitó avanzar de forma explícita con su venta debido a que la fuerza naval no le da uso ni proyecta desarrollos futuros en el lugar.
El proceso de enajenación estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). De acuerdo con el marco legal establecido por el Decreto 314/2026, los fondos obtenidos tendrán un destino específico, destinando el 70% para las Fuerzas Armadas de manera directa al presupuesto militar bajo el Plan ARMA, orientado a financiar el reequipamiento bélico y logístico, y logrando una reducción del gasto público al eliminar los costos de mantenimiento de tierra ociosa que hasta el momento afrontaban los contribuyentes.
Desde la Casa Rosada cuestionaron los argumentos del Ejecutivo local: «Vuoto llama ‘patrimonio de los fueguinos’ a un predio que el propio Ministerio de Defensa declaró innecesario. Un terreno baldío, sin destino, se convierte en recursos reales para reequipar a nuestras Fuerzas», expresaron mediante un comunicado.
El cruce deja en evidencia dos visiones contrapuestas sobre el manejo del suelo fiscal en la Patagonia. Por un lado, la gestión municipal sostiene que los inmuebles estratégicos en zonas urbanas deben resguardarse bajo la órbita pública o provincial. Por el otro, el Gobierno nacional reivindica un cambio de paradigma histórico centrado en desprenderse de activos ociosos para transformar capital inmovilizado en presupuesto operativo para la defensa nacional.