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La controversia institucional y política desatada en Tierra del Fuego tras el paso del buque petrolero de bandera británica VS Promise derivó en una estricta investigación de control administrativo.
El Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, formalizó una intimación al gobernador Gustavo Melella para que en un plazo perentorio de 15 días responda un exhaustivo petitorio documentado sobre las autorizaciones, fiscalizaciones y controles aplicados a las maniobras del navío en aguas fueguinas.
El requerimiento ingresó formalmente por la mesa de entradas de la Gobernación a través de la Nota F.E. N.° 251/26, en el marco del Expediente F.E. N.° 48/26, iniciado a raíz de una denuncia por la presencia del buque en el área insular.
El órgano encargado del control de la legalidad de los actos públicos en la provincia exige que el Ejecutivo, con intervención de su servicio jurídico y áreas competentes, aporte expedientes físicos y digitales que respondan a cinco puntos fundamentales. En primer lugar, se solicita informar si en la Secretaría de Energía e Hidrocarburos u otros organismos constan registros de amarre, despacho, practicaje u operaciones del VS Promise en el Puerto de Ushuaia o en la monoboya Hidra de Río Cullen, tanto este año como en períodos anteriores. En segundo término, se pide transparentar si existieron notas o correos oficiales por parte de agencias marítimas, de la empresa operadora del yacimiento (TotalEnergies) o de autoridades federales para coordinar la viabilidad del buque en la zona.
Asimismo, el petitorio exige precisar si alguna dependencia del Poder Ejecutivo otorgó, de forma expresa, tácita, verbal o escrita, avales, autorizaciones o no objeciones para el ingreso del buque a la jurisdicción provincial. En cuarto lugar, se demanda aportar el criterio jurídico aplicado sobre la monoboya norte, junto con las actas de inspección de la carga, los manifiestos de crudo autorizado, la identificación de la firma contratante y el marco de aplicación de la Ley Provincial N.° 852, conocida como la Ley Gaucho Rivero. Por último, se requiere detallar qué medidas de verificación fehaciente, requerimientos de declaraciones juradas o cruces de información con la Prefectura Naval Argentina y organismos locales realiza la Provincia para controlar el cumplimiento normativo antes de consentir operaciones logísticas de esta índole.
La medida adoptada por la Fiscalía de Estado busca esclarecer en qué medida las áreas operativas del Gobierno fueguino ejercieron su poder de policía administrativo durante la estadía del tanquero británico. El requerimiento apunta a constatar el grado de participación de organismos clave como la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y la Secretaría de Energía e Hidrocarburos.
Con esta intimación, la investigación judicial-administrativa coloca la atención sobre los procedimientos institucionales del Ejecutivo provincial, exigiendo respuestas que respalden la actuación oficial y determinen si se incurrió en omisiones o convalidaciones respecto del marco legal que regula las costas y los recursos en la provincia.