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El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de ley para modificar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de endurecer las sanciones contra empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada, el Poder Ejecutivo evalúa extender el alcance de la normativa —que actualmente regula únicamente al sector de hidrocarburos— para incorporar a otras actividades económicas de la zona, como la industria pesquera.
La iniciativa legislativa ingresará este lunes por la Cámara de Diputados. El proyecto propone modificar la Ley 26.659, sancionada en 2011, buscando dotar al Estado nacional de herramientas más severas y de consecuencias concretas para las compañías infractoras y sus proveedoras. Fuentes del Palacio de Gobierno señalaron que la premisa central busca que operar de manera ilegítima en Malvinas signifique perder la posibilidad de operar en el resto del territorio argentino.
La ampliación del alcance hacia la pesca atiende a un reclamo histórico de diversos sectores y coincide con iniciativas recientes presentadas en el Parlamento, además de solicitudes formuladas por organizaciones como la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp). El endurecimiento de las penas se da en un contexto donde el país cuenta con nuevos activos de negociación estratégica, como el desarrollo energético de Vaca Muerta, para dar efectividad real a las penalizaciones aplicadas a firmas internacionales.
El texto final se encuentra en su etapa de redacción y está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería y el Ministerio de Defensa, con la participación del equipo de estrategia presidencial. Además de la extensión temática y del incremento de sanciones, la propuesta contempla otorgar mayores facultades al Consejo de Seguridad que se conformará a partir de la nueva norma.
Esta medida legislativa complementa los anuncios formulados por la Presidencia de la Nación, los cuales incluyeron el inicio de procesos sancionatorios a decenas de empresas vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion y la proyección de una Base Militar en Tierra del Fuego.