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Por tercera vez consecutiva, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) negó el ingreso de equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia al Puerto de Ushuaia para llevar adelante tareas de fiscalización y control ambiental.
La secretaria Legal del Ministerio, Lisi Cristófano, advirtió sobre la gravedad de esta situación y explicó que la intervención provincial “tiene como objetivos tramitar la certificación ambiental del Puerto, controlar la gestión de los residuos peligrosos provenientes de los buques y fiscalizar los recursos hídricos”. En esa línea, remarcó que se trata de controles ineludibles vinculados directamente con las facultades constitucionales de la Provincia en materia de preservación ambiental.
Desde la cartera ambiental encendieron las alarmas especialmente sobre el manejo de los desechos que descargan las embarcaciones. “Para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador”, detalló Cristófano, al tiempo que recordó que estos materiales exigen un tratamiento específico y derivaciones a operadores rigurosamente habilitados para evitar desastres ecológicos.
A esta vulnerabilidad se suma la imposibilidad de fiscalizar los recursos hídricos en una zona de alta sensibilidad ecosistémica, impidiendo verificar que las actividades portuarias no generen impactos negativos sobre el agua. La funcionaria aclaró que estas inspecciones forman parte de las rutinas habituales de control y no constituyen una intervención extraordinaria.
Ante las reiteradas negativas, la funcionaria cuestionó con dureza los argumentos esgrimidos por el organismo nacional: “Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”. Asimismo, indicó que la Provincia ya exigió formalmente que se fundamenten las razones por las cuales pretenden bloquear la labor de los inspectores locales.
Frente a este escenario de desprotección e incertidumbre institucional, el Gobierno provincial se encuentra reuniendo los antecedentes necesarios y evaluando los pasos a seguir en el plano administrativo y judicial. “Tratamos de no alterar la situación del privado, pero el hecho está en que nuestra protección máxima es el ambiente”, concluyó Cristófano con evidente preocupación.