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El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó ante la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, una iniciativa orientada a establecer herramientas y recursos específicos para fortalecer de manera sostenida la educación pública fueguina. La medida forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado con el sector docente y se suma a la Emergencia Salarial Docente ya decretada por el Ejecutivo Provincial, buscando abordar el sostenimiento del sistema con una mirada integral y de largo plazo.
El proyecto contempla la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo destinado exclusivamente a la provincia, cuyos recursos poseerán afectación específica y operarán de forma adicional a los fondos ya existentes. Asimismo, la propuesta fija prioridades claras para la distribución de dichos fondos: no menos del cincuenta por ciento deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente; al menos el veinticinco por ciento se asignará al mantenimiento, los servicios y la mejora de la infraestructura escolar; y un mínimo del quince por ciento se orientará a recursos, equipamiento tecnológico y herramientas didácticas para estudiantes y docentes. El porcentaje restante quedará disponible para hacer frente a contingencias, necesidades tecnológicas o prioridades operativas del sistema.
En el plano de la planificación estratégica, la iniciativa prevé avanzar de manera progresiva, en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión consolidada en educación equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial, considerando las condiciones económicas y la disponibilidad efectiva de recursos. De este modo, el financiamiento educativo quedará vinculado al crecimiento de la economía fueguina, asegurando que a mayor generación de actividad y riqueza se fortalezca de forma proporcional la inversión en el área.
Con el envío de este proyecto a la Legislatura, la administración provincial busca dotar al sistema educativo de previsibilidad más allá de cada gestión de gobierno, consolidando una política de Estado que garantice salarios, infraestructura, equipamiento y nuevas tecnologías para toda la comunidad de Tierra del Fuego.