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La justicia provincial y diversos organismos de control intensificaron en las últimas horas una investigación de alto voltaje institucional tras poner bajo la lupa el estado crítico de abandono de dos máquinas de gran porte pertenecientes a la Dirección Provincial de Puertos (DPP). Los equipos, de un altísimo valor estratégico y operativo para la principal terminal marítima de Ushuaia, se encuentran totalmente fuera de servicio desde antes de que se dispusiera la intervención nacional del puerto, generando un escenario de extrema preocupación en el ámbito estatal y portuario.
De acuerdo con las estimaciones preliminares que forman parte de la pesquisa, el valor conjunto de la maquinaria afectada rondaría los 3 millones de dólares. El hecho de que se trate de activos de semejante porte y utilidad ha encendido todas las alarmas, no solo por el perjuicio patrimonial descomunal que representa para las arcas del Estado fueguino, sino también por el impacto directo y negativo que genera en la operatoria logística diaria de la terminal marítima. Al no contar con estos equipos operativos, el puerto se ve obligado a rediseñar esquemas y a buscar costosas alternativas operativas para poder llevar adelante tareas de gran porte que dependen exclusivamente de dicha tecnología.
Ante este panorama, la investigación judicial y administrativa busca reconstruir de manera minuciosa la cronología exacta de los hechos. Entre los interrogantes centrales que los peritos e investigadores intentan responder se encuentran el momento preciso en el que las máquinas se detuvieron, el nivel real de mantenimiento preventivo y correctivo que recibieron a lo largo del tiempo, las reparaciones que supuestamente se intentaron realizar y, un punto clave, el destino final que sufrieron los fondos públicos que oportunamente habrían sido asignados a tales fines.
El foco principal de las indagaciones apunta de lleno a la gestión anterior al proceso de intervención, señalando directamente el período en el que la presidencia de la DPP era conducida por Roberto Murcia, secundado por Gastón Castillo al frente de la Dirección Administrativa Contable. No obstante, desde los tribunales y el ámbito legal se aclaró con prudencia que haber ocupado dichos cargos jerárquicos no implica una responsabilidad automática ni directa sobre el daño, razón por la cual se dispuso una auditoría exhaustiva y transversal sobre expedientes de mantenimiento, órdenes de reparación pendientes, expedientes de compra de repuestos, contrataciones de servicios a terceros y los registros patrimoniales históricos de la repartición.
La causa se instruye bajo la rigurosa lupa de la Ley Provincial 1015, normativa fundamental que regula los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos en la correcta administración y conservación de los bienes del Estado, contemplando severas sanciones patrimoniales y penales ante perjuicios comprobados. Con este marco normativo, la pesquisa intentará dilucidar si el deterioro y la posterior inhabilitación de los equipos respondieron a fallas mecánicas de una complejidad técnica insalvable, a graves deficiencias de gestión administrativa, a la total ausencia de un plan de mantenimiento preventivo o, por el contrario, a una cadena deliberada de omisiones y negligencias difíciles de justificar institucionalmente.