Mientras persisten los reclamos cotidianos por las demoras y las dificultades en la atención dentro de la provincia, el Gobierno provincial y las autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) anunciaron un acuerdo con la cadena privada Farmacity para garantizar el acceso a medicamentos en el resto del país.
La firma del convenio, encabezada por el gobernador Gustavo Melella y el presidente de la obra social, Gustavo García —junto al vicepresidente Jorge Giménez y los legisladores oficialistas Federico Greve y Myriam Martínez—, apunta a que los afiliados puedan retirar su medicación en las más de 300 sucursales que la firma posee a nivel nacional. Desde la conducción del organismo celebraron la medida como un «gran avance» para resolver los problemas de cobertura cuando los asegurados se encuentran fuera de Tierra del Fuego.
Sin embargo, el anuncio vuelve a poner en evidencia el contraste entre la proyección de los convenios nacionales y la compleja realidad que atraviesan los afiliados en el ámbito local. Mientras la actual gestión insiste en que el foco está puesto en poner al asegurado en el centro de las decisiones y en la búsqueda de «nuevos socios» para ampliar las prestaciones, en la provincia continúan latentes los cuestionamientos por las restricciones, la falta de respuestas de fondo y el impacto financiero sobre la caja de la obra social estatal.
Desde diversos sectores se interroga si la tercerización en grandes cadenas nacionales representa una verdadera solución estructural o si profundiza la dependencia con el sector privado, a la espera de que el tan mentado reordenamiento del organismo se traduzca en una mejora real y sostenible de los servicios en suelo fueguino, donde los afiliados siguen reclamando previsibilidad y una atención sanitaria que esté a la altura de sus aportes.
