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Tras una extensa jornada de debate y negociaciones cruzadas, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que establece un marco normativo permanente para el sistema de discapacidad, reemplazando así la Emergencia del sector que vencía a fin de año. La iniciativa cosechó un contundente respaldo transversal, logrando 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Al superar la mayoría especial de dos tercios, el texto no solo avanza con fuerza hacia el Senado, sino que queda virtualmente blindado ante cualquier intento de veto presidencial.
El debate estuvo marcado por la necesidad de dar respuesta a las demandas de las organizaciones del colectivo de personas con discapacidad, quienes alertaban sobre los fuertes ajustes previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Aquel documento proponía el criterio de «invalidez laboral», eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y derogaba el arancel único del nomenclador de prestaciones básicas. Sin embargo, el trabajo articulado entre los bloques aliados y la oposición dura logró revertir ese escenario, obligando al oficialismo a aceptar un dictamen consensuado que ratifica y amplía los derechos vigentes.
El texto aprobado asegura la continuidad de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, fijando su monto en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y garantizando su actualización automática por inflación. Asimismo, mantiene el CUD como herramienta central de acceso, sostiene el nomenclador universal de prestaciones y preserva el arancel unificado a nivel nacional, evitando que cada provincia u obra social fije sus propios valores.
Uno de los avances más celebrados de la jornada fue la confirmación de la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el acceso al empleo formal. La nueva ley habilita a las personas con CUD a conservar su beneficio aunque cuenten con trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, con la única condición de que sus ingresos no superen la barrera de los dos salarios mínimos, vitales y móviles. A la par, se incorporaron garantías explícitas para que todos los titulares de pensiones mantengan el acceso a las prestaciones médicas a través del Programa Incluir Salud.
En materia de financiamiento y control, los legisladores introdujeron cláusulas estrictas para evitar el desfinanciamiento del sistema. El proyecto detalla las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y prevé compensaciones directas desde el Tesoro Nacional en caso de que los fondos resulten insuficientes. Por otro lado, se establecieron mecanismos de auditoría periódica a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Este organismo cruzará datos con ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS para detectar irregularidades, pero las eventuales suspensiones deberán enmarcarse en un «debido proceso inclusivo» que asegure la notificación previa y el derecho a defensa.
La norma también atiende la crisis que atraviesan los prestadores de servicios, obligando al Poder Ejecutivo a publicar en un plazo de 30 días un cronograma de pagos para cancelar todas las deudas pendientes, las cuales deberán ser saldadas íntegramente dentro de los 90 días posteriores a la sanción de la ley.
El consenso fue producto del diálogo entre legisladores de La Libertad Avanza, como Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz; figuras de la oposición como Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal; y representantes de Unión por la Patria, entre ellos Juan Marino y Victoria Tolosa Paz. Las únicas disidencias provinieron de diputados cordobeses que cuestionaron los tiempos de participación de las organizaciones civiles, y del Frente de Izquierda, que se abstuvo por considerar insuficientes las actualizaciones de las deudas a los prestadores.