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La Legislatura de Tierra del Fuego ingresa en una instancia determinante en torno al proyecto de reforma tributaria enviado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de financiar el sistema educativo provincial. A un mes de la presentación efectuada por el gobernador Gustavo Melella mediante el mecanismo de urgencia (artículo 111 de la Carta Magna), el debate formal enfrenta un doble desafío: la falta de consensos en el recinto y la controversia legal sobre los plazos de tratamiento.
El punto de mayor tensión técnica radica en la metodología de cómputo del término de 30 días. Por un lado, la aplicación estricta de días corridos fija el vencimiento este sábado 24 de octubre, escenario que reaviva la discusión sobre una eventual aprobación tácita previa a la sesión ordinaria del miércoles 28. Por el contrario, la fundamentación basada en el artículo 211 de la Constitución indica que el plazo debe medirse en días hábiles administrativos, lo que prorrogaría el límite hasta principios de noviembre y otorgaría un espacio adicional para la negociación.
En el ámbito político, el bloque oficialista no cuenta con la mayoría calificada para asegurar el texto en sus términos actuales. Oposiciones representadas por Somos Fueguinos, el Movimiento Popular Fueguino, La Libertad Avanza y Provincia Grande adelantaron sus objeciones respecto del impacto de una mayor carga impositiva sobre el sector privado, supeditando cualquier acuerdo a la revisión del proyecto.
En este marco, la posición del bloque del Partido Justicialista resulta determinante para el desenlace de la iniciativa, al balancear la postura entre el acompañamiento que ha mantenido con la bancada de FORJA y los condicionamientos expuestos por el resto del arco político.
Frente al inminente cierre de asuntos de este viernes a las 13:00 y la posterior reunión de Labor Parlamentaria el lunes, el Parlamento provincial deberá saldar la interpretación reglamentaria antes de medir las posturas de los bloques en el recinto.