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La Justicia provincial ordenó el ingreso de funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente al Puerto de Ushuaia para realizar inspecciones exhaustivas sobre las instalaciones, el manejo de residuos peligrosos y las condiciones ambientales del predio intervenido por el Gobierno nacional desde el pasado 20 de enero. La medida fue dispuesta por el juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, Sergio Pepe, tras los reiterados impedimentos denunciados por la Fiscalía de Estado para que los organismos provinciales pudieran ejercer sus facultades de control y fiscalización.
La resolución judicial autorizó el registro de nueve sectores estratégicos del predio portuario ubicado en la avenida Maipú, incluyendo el muelle de catamaranes, el muelle comercial, la plazoleta fiscal, el taller mecánico, los espacios de almacenamiento de residuos, las áreas próximas a antiguos tanques de combustible, los sectores de relleno y los sistemas de drenaje pluvial. El procedimiento se llevó adelante con el valioso apoyo de personal de la Prefectura Ushuaia y contó con la participación de un equipo técnico integrado por la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente a cargo de la Secretaría de Ambiente, Lisi Cristófano; el director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo; el hidrólogo Sergio Müller y la directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz.
El operativo tuvo como propósito principal verificar las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos, detectar eventuales pérdidas o derrames, examinar obras en contacto con el agua y revisar los procedimientos vinculados con la descarga de residuos provenientes de las bases antárticas argentinas en plena temporada operativa. Uno de los puntos centrales que motivó la intervención fue la discrepancia en torno a los residuos peligrosos registrados en un informe de gestión de 2025, cuyo retiro estipulado para enero de 2026 no se habría concretado, generando un contrapunto entre el desconocimiento de su ubicación por parte de la Secretaría de Ambiente y la negativa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre su existencia en el lugar.
La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado el 14 de octubre, luego de que los inspectores provinciales sufrieran reiteradas negativas para ingresar al puerto durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Tras determinarse la competencia de la Justicia provincial en el expediente, el magistrado ordenó la medida de inspección y dispuso la notificación formal de derechos y garantías al delegado de la intervención nacional, Fernando Ariel Polizzi, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.