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A través del Decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la ampliación de las Reglas de Protección Aeroespacial que regirán en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de la visita oficial del papa León XIV. La normativa contempla la autorización para interceptar y, como último recurso, inutilizar o derribar aeronaves declaradas hostiles que representen un riesgo inminente para la seguridad general.
La medida establece zonas de operaciones restringidas en las áreas terminales de Buenos Aires (TMA BAIRES) y Córdoba (TMA CBA), escenarios clave donde el Sumo Pontífice desarrollará sus actividades, incluyendo recorridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y la localidad de Luján.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Frente a la necesidad de resolver contingencias en cuestión de minutos, el Ejecutivo delegó de manera indelegable en el titular de la cartera de Defensa la potestad de aprobar el uso de la fuerza contra vectores hostiles, previa declaración de hostilidad formulada por el Comando Conjunto Aeroespacial.
Se considerará acto hostil cualquier amenaza inminente o el empleo de aeronaves como armas contra la vida de las personas, objetivos estratégicos o intereses vitales de la Nación, así como el mantenimiento de trayectorias, altitudes o velocidades de ataque desoyendo las advertencias oficiales. En el caso de las aeronaves civiles, el uso de la fuerza queda supeditado estrictamente a agresiones armadas o amenazas inminentes contra la vida que no puedan neutralizarse de otro modo, respetando lo establecido en el Convenio de Chicago de 1944.
El Comando Conjunto Aeroespacial coordinará junto a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones del espacio aéreo y el ordenamiento de la navegación, con la facultad de asumir distintos grados de control operacional sobre los servicios de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El financiamiento del operativo será cubierto con partidas específicas del Estado Mayor Conjunto, el Ejército y la Fuerza Aérea.