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El concepto de un «Estado presente» se refiere a la acción activa y responsable del gobierno para intervenir y garantizar los derechos y el bienestar de sus ciudadanos. Va más allá de la simple existencia de leyes; implica la implementación efectiva y el despliegue de recursos para que las políticas públicas se traduzcan en un apoyo tangible para las personas. En el contexto del artículo, el ejemplo más claro de esto es la reglamentación de la Ley de Oncopediatría provincial en Tierra del Fuego.
Esta normativa, sancionada en 2022, establece mecanismos para garantizar traslados, alojamiento y cobertura integral para pacientes oncológicos infanto-juveniles que deben continuar sus tratamientos fuera de la provincia.
La ministra de Salud, Judit Di Giglio, y las familias de la Red de Mamás TDF celebraron este paso como una medida fundamental para que el proceso de tratamiento de un niño con cáncer «no quede librado a la voluntad de las familias».
Este enfoque proactivo demuestra que el gobierno, en colaboración con legisladores y organizaciones sociales, se está asegurando de que los derechos de los niños más vulnerables no sean solo una promesa, sino una realidad. La relevancia de este ejemplo se magnifica al considerar el contexto nacional, donde el jefe del Servicio de Oncopediatría del Hospital Garrahan, Pedro Zubizarreta, advirtió sobre la amenaza que enfrenta la salud pública.
A pesar de este panorama, la provincia de Tierra del Fuego ha optado por reforzar su rol protector, lo que es una clara manifestación de un «Estado presente» que prioriza el bienestar de sus ciudadanos. La implementación de esta ley se convierte en un símbolo de esperanza y acompañamiento, subrayando cómo la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones civiles puede tener un impacto directo y positivo en la vida de las personas, transformando la teoría del «Estado presente» en una práctica de protección y cuidado.