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La Jueza de Primera Instancia del Juzgado de Familia Nº 2 del Distrito Judicial Sur, Dra. María Anahí Petrina, participó como ponente en el 2º Foro de Innovación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales, donde presentó el Protocolo Interno de Actuación para el Control Judicial de Medidas Excepcionales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA).
Con estas medidas, el juez evalúa la legalidad y razonabilidad de las medidas administrativas, garantizando el derecho a ser oído, la no discriminación y la prioridad del interés del niño, verificando que se agoten las vías de protección integral antes de recurrir a medidas excepcionales.
Durante su exposición, la magistrada detalló que el protocolo fue elaborado en colaboración con los equipos técnicos y jurídicos de los Juzgados de Familia Nº 1 y 2 del Distrito Sur, con el propósito de estandarizar criterios, fortalecer la intervención judicial y resguardar las garantías de las personas menores de edad involucradas en procesos de protección. También tuvieron destacada participación el ex juez de Familia, Dr. Alejandro Ferretto y la secretaria de menores del Juzgado de Familia Nº 1, Dra. Carolina Osta.
La Jueza Petrina explicó que la herramienta se enmarca en el Sistema de Protección Integral de Derechos, articulando normativa internacional, nacional y provincial, sobre la base de los principios de interés superior del niño, excepcionalidad, temporalidad, participación y autonomía progresiva.
El objetivo central es garantizar el control de legalidad y la revisión periódica de las medidas que implican la separación del medio familiar. En esa línea, -dijo- se hace hincapié en la prioridad de restitución con la familia nuclear o extensa, antes de considerar la preadoptabilidad, y en la regulación del acogimiento familiar como medida transitoria y de acompañamiento.
Asimismo, Petrina presentó la Guía de Indicadores de Control de Legalidad, que permite evaluar aspectos como la legalidad de la medida, la calidad de los vínculos, la contención emocional, la idoneidad familiar y el impacto en el proyecto de vida del niño, niña o adolescente.
La magistrada destacó que este protocolo representa un avance significativo en las prácticas del Distrito Judicial Sur, al consolidar una mirada interdisciplinaria y orientada a la restitución de derechos, y señaló que se proyecta como una herramienta replicable para otras jurisdicciones del país.